El error por el que Anadelia Acosta Armoa y Darío Flores Mendoza cobraron los cheques del BNF por la millonaria indemnización por la muerte de Antonio Acosta Contrera (53) y Mariano Ramírez Casco (43), que debían cobrar los familiares de estos, sería del banco, según apreció Manuel Ochipinti.
“Tenemos que terminar un proceso de análisis. Este tipo de cosas llevan... hay que mirar todos los detalles. Yo te prometo, de parte del banco, vamos a ser lo más rápido posible de reponer el dinero en caso de que se compruebe en un 100% lo que te estoy diciendo, de eso no cabe la menor duda. Si es nuestro error, yo así como estoy mirando, con todas las documentaciones que me están presentando, es un error nuestro, porque tenía que estar inscripto en el registro público el poder y eso no está”, afirmó.
Agregó que le llamó la atención que dos instituciones grandes como la ANDE y el BNF permitieron que se concrete el despojo, ya que los que se presentaron como representantes de los familiares que debían cobrar la indemnización, no estaban inscriptos en el registro público.
“Llama la atención también. Voy a tener que lastimosamente que meter a la ANDE también, ¿cómo entregó un cheque sin que esté inscripto en el registro público? Es un error de varias instituciones muy grandes en el país y duele mucho”, lamentó en comunicación con Radio Ñandutí.
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Esquema de despojo en Caaguazú
Anadelia Acosta Armoa es la principal sospechosa de liderar el esquema de apropiación de G. 720 millones de una indemnización que destinó la ANDE para dos familias de fallecidos por una electrocución en Caaguazú.
Según lo confirmó el propio presidente de la ANDE, Félix Sosa, el 8 de setiembre emitieron dos cheques por valor de G. 400 millones, para cada familia, es decir, G. 800 millones en total. Sin embargo, ambas familias habrían sido víctimas de personas que se ofrecieron para hacer el trámite y a gestionar el cobro. Según la denuncia, solo recibieron G. 30 millones, una, y G. 50 millones, la otra.
Desde su humilde vivienda, doña Juana Honorina Casco (77), la madre de Mariano Ramírez, relató que dos personas, una vecina y su abogado, se ofrecieron a hacer los trámites para que puedan cobrar la indemnización. Luego de varias visitas, tanto ella como su hijo firmaron varias autorizaciones; ella solo pudo estampar su huella, pues no sabe leer ni escribir.
La fiscala Norma Salinas relató que tomó conocimiento del caso a través de un comunicador local. Contó que ya tuvo acceso a la escritura pública, donde se confirma que el monto era de G. 400 millones para cada familia. En contacto con ABC, indicó que ya conversó con las víctimas y tiene el modus operandi definido. Las familias identificaron al abogado como Darío Flores y a la mujer como Ana Delia Acosta, quien no tiene matrícula para ejercer el derecho. Además, participaron el padre y el hermano de la mujer.
“El cheque es intransferible. El banco no debió pagar en esas condiciones”, destacó la fiscal y detalló que hay al menos ocho personas que formaron parte de este esquema de apropiación, cuya pena es de hasta 8 años de cárcel.