El flagelo del robo de cables de cobre golpea con fuerza a Copaco, que de por sí ya enfrenta dificultades financieras. Los robos comprometen la capacidad de brindar servicios a clientes y así, generar recursos.
“Estamos haciendo el trabajo correspondiente para la recuperación de clientes en las zonas afectadas por los robos, consecutivamente tuvimos tres robos en diferentes semanas, en cruce de arroyos por debajo de la avenida artigas”, indicó Antonio Cabrera, jefe técnico.
Según sospechan desde la estatal, hay serios indicios de que hay funcionarios involucrados, indica el video institucional de Copaco difundido en sus redes sociales por su presidente, Oscar Stark.
“Sufrimos robo de cables subterráneos, tenemos afuera aproximadamente doce armarios y como 3.500 clientes afectados en la zona”, agregó Ricardo Medina, otro de los jefes técnicos.
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Robo de cables en Trinidad, Ciudad Nueva y centro de Asunción
El insistente y preocupante caso en Trinidad, continúa afectando gravemente la zona, provocando perdidas millonarias para Copaco.
En la zona de Ciudad Nueva y el centro de Asunción, Copaco fue afectada por el robo de cinco cuadras de cables de cobre de mil pares, lo que genera interrupciones importantes en los servicios para más de 3700 clientes.
Este incidente, ocurrido meses atrás, sigue impactando a la comunidad y actualmente la compañía ha intensificado sus esfuerzos para reponer los servicios de manera rápida y efectiva, comprometiéndose a garantizar la conectividad de todos los usuarios afectados.
“Estuvimos verificando los trabajos que se están realizando para recuperar 3.787 clientes que fueron afectados por robos de cables en la zona, en lo que sería el Mercado 4, barrio Pinozá, el sector de cancha Guaraní, el sector de Emergencia Médicas”, precisó Edgar Báez, jefe de DIMA Ciudad Nueva.
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Ley para controlar acopiadoras de metales y mercado negro
El proyecto fue presentado por los senadores Patrick Kemper, José Ledesma, Juan Afara y Óscar Salomón, y busca regular la comercialización de metales y plásticos.
La propuesta presenta dos aristas: una, la perspectiva ambiental y social, desde donde serán regulados todo el proceso del comercio de residuos, y otra desde la perspectiva financiero-tributaria, al regular el comercio internacional de estos materiales donde existe actualmente una fuga de más de US$ 100 millones en impuestos que deberían ser aplicados en nuestro país, a través del mecanismo de subfacturación.
“Actualmente, los exportadores de residuos declaran un valor sub facturado y con ello eluden varias obligaciones legales, evadiendo los impuestos aplicables, moviendo cantidades de dinero en negro a través de un sistema de pago internacional denominado ‘HAWALÁ’, que es uno de los sistemas de transferencia informal de fondos, ejecutado a través de las casas de cambio, evadiendo los controles estatales”, indica la propuesta de ley.
Los residuos ferrosos son aquellos que contienen hierro, como los restos de automóviles, electrodomésticos, estructuras metálicas, entre otros. Los residuos no ferrosos son aquellos que no contienen hierro, como el aluminio, cobre, bronce, entre otros. En tanto que los plásticos de polietileno tereftalato – PET, son utilizados como resina reciclada para la producción de nuevos productos.
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Falta de regulación crea ambiente para tráfico ilegal
Como no hay regulación en la materia, “se genera el ambiente propicio para el tráfico ilegal de desechos, como los cables de las redes eléctricas, telefónicas y de otros servicios y estructuras esenciales para la población, por medio del robo. Este tráfico ilegal se genera a partir de inescrupulosos acopiadores que se dedican a la compra de materiales obtenidos de manera ilegal”.
El documento indica finalmente que la cuestión tributaria no puede estar exenta de esta regulación, pues “existe una enorme evasión impositiva a partir de la exportación de estos productos, declarando precios de exportación muy por debajo del precio del mercado internacional, por lo cual se justifica la inclusión en el proyecto a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de establecer valores referenciales de los productos a ser exportados, para promover la legalidad e igualdad tributaria en la cadena del comercio de estos materiales”.
El proyecto ya pasó a ser tratado en la Comisión de Industria y Comercio del Senado, donde se postergó su estudio en plenaria para adjuntar más información sobre la propuesta.