Casi cuatro años tardó el Ministerio Público en imputar a dos de los principales responsables de un caso de supuesta tortura cometida por efectivos militares de la Armada Paraguaya en julio de 2020 en Ciudad del Este.
La fiscal Sonia Sanguinés argumentó que los capitanes Luis Alberto Torres Núñez y Walter Fernando Díaz Aguilera, entonces comandante de la Unidad de Guardia Costera y comandante de la base de la Armada incurrieron en la comisión del delito de tortura contra unos 35 pobladores del barrio San Miguel de Ciudad del Este.
Sin ser policías para actuar en cuestiones de seguridad interna ni contar con la dirección del Ministerio Público sacaron supuestamente de forma irregular a estas personas de sus domicilios en la zona conocida como Kuwait del barrio San Miguel de Ciudad del Este y les infligieron lesiones de todo tipo.
Los hechos se dieron como parte de la búsqueda de los supuestos autores del asesinato del suboficial Marcos Agüero González (22) registrado media hora antes durante un enfrentamiento con criminales en la ribera del río Paraná.
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Imputaba dos militares por tortura: lo que dice la Fiscalía
Parte del documento de imputación al que accedió ABC señala que “los pobladores habrían sido sacados de sus casas de manera violenta, arrastrados, puestos boca abajo algunos y otros de rodillas, mientras eran golpeados en distintas partes del cuerpo con puños, patadas, golpes con el fusil, y con diferentes objetos como ser cable, manguera, hierro, palos, todo esto delante de sus esposas e hijos menores de edad”.
Agrega que el capitán Luis Torres, conforme al cargo que ostentaba en ese momento y atendiendo a su estado militar, se encontraba obligado al cumplimiento del estatuto de Personal Militar y, sin embargo, “no impidió que se cometieran los actos de agresión física, psicológica y verbal por parte del contingente a su cargo”.
Agrega la fiscala que “el procedimiento militar habría arrojado la aprehensión de 35 personas, en horas de la madrugada del día 16 de julio de 2020, entre los mismos se encontraban 6 menores de edad, según consta en el Acta de Intervención del Comando de la Armada, Área Naval y Prefectura de Zona del Este, de fecha 15 de julio de 2020, firmada por el capitán Luis Alberto Torres Núñez.
Todos los aprehendidos fueron derivados en camionetas de la Armada, hasta la Base Naval del Este, a cargo del capitán Walter Díaz Aguilera, quien en esa fecha cumplía el cargo de Comandante de la Base Naval del Este, relata el acta de imputación.
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Uno de los imputados fue ascendido recientemente
El entonces capitán, hoy contraalmirante Walter Fernando Díaz Aguilera, fue recientemente ascendido por resolución del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, el pasado 6 de junio, once días después de haber sido imputado por tortura.
Un documento oficial del Comando de Fuerzas Militares al que accedió ABC señala que fue ascendido a comandante del Comando de Infantería de Marina de la Armada Paraguaya.
Fiscales cajonearon la causa durante casi 4 años
El abogado Jorge Rolón Luna, quien ejerció la defensa de algunas de las víctimas del caso, destacó la labor de la fiscal Sanguinés, quien fue asignada a la causa apenas en septiembre del año pasado y que pese a eso imputó a dos de los supuestos responsables. Lamentó, sin embargo, la labor de los fiscales anteriores que no movieron la causa durante casi cuatro años.
“Ha habido silencio cómplice e indiferencia de varias instituciones. Casi en solitario, he denunciado esta vergonzosa complicidad con la tortura por parte de la Fiscalía y el desentendimiento de otras instituciones hasta que llegó la fiscal Sonia Sanguinés e imputó a los (entiendo) principales responsables de estos horrendos hechos”, dijo.
“En un caso en el que se cuenta con diagnósticos médicos, fotografías, filmaciones, testimonios, más el hecho de que las víctimas -sacadas a patadas de sus domicilios por militares sin competencias policiales y, sin orden de detención ni allanamiento- fueron torturadas en un cuartel donde todo -nombres de efectivos en funciones, personal superior a cargo- queda registrado”, dijo.
“Aun con todas estas facilidades y ventajas investigativas -el sueño de cualquier fiscal medianamente serio y que quiera hacer carrera- la Fiscalía de DD. HH. no imputó, hasta casi 4 años después”, criticó.
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Quienes tuvieron la causa durante los casi cuatro años
El abogado señaló que durante estos cuatro años en los que la causa fue cajoneada, estuvieron a cargo de ella:
- Hermenegilda Cubilla: tuvo el caso por solo 3 días
- Alberto González: entre el 21/07/20 y el 14/02/22 (1 año y 7 meses)
- Sussy Riquelme: entre el 14/02/22 y el 18/09/23. (1 año y 7 meses)
Además, recuerda que como fiscales adjuntos de DD. HH. estuvieron
- Ricardo Merlo Faella: del 17/07/2020 al 07/10/2020.
- Patricia Rivarola: del 07/10/2020 al 27/03/2023.
- Nancy Salomón: 27/03/2023 a la fecha.
Agrega que como fiscal adjunto del Alto Paraná estuvo Humberto Rosetti desde el 17/07/2020 al 07/03/23.