El viernes último, el presidente Santiago Peña Palacios anunció la suspensión de la importación de armas de fuego, supuestamente como una medida para enfrentar el tráfico ilegal y a la vez combatir al crimen organizado.
En un comunicado firmado por Hugo Villamayor, presidente de la ALPAP, este grupo manifestó su disconformidad con la decisión del jefe de Estado.
“La legítima defensa es un derecho consagrado en la Constitución Nacional y la inseguridad en nuestro país es hoy una realidad palpable diariamente, que ni siquiera permite ser una buena víctima, pues a pesar de no oponer resistencia ante un hecho delictivo, de igual manera la víctima acaba muerta; entonces al prohibirse desde el Ejecutivo la importación de armas (y consecuentemente su venta), ¿cómo podríamos ejercer el derecho a defendernos y defender a nuestras familias?”, señala el comunicado.
“Señor presidente de la República, su preocupación es honesta, establezca políticas públicas atinadas, no aquellas que terminarán beneficiando al crimen organizado”, dice en otra parte.
“¿Acaso no le informaron, señor presidente de la República, que en el Brasil hace pocos días se desmanteló una fábrica de armas automáticas al servicio del crimen organizado? Acaso no le informaron que las mismas armas que fueron incautadas y puestas bajo custodia de nuestras autoridades nacionales fueron revendidas al crimen organizado? ¿O que municiones del Estado paraguayo cayeron en cantidades exorbitantes del otro lado de la frontera con Brasil y que estas acabaron con vidas inocentes?”, recrimina la ALPAP.
“No estamos ajenos a los controles, a la trazabilidad, a la digitalización y a la transparencia para ambas partes, Estado y ciudadano, pero la prohibición jamás será el camino. Combatamos el crimen a través de acciones reales, castigando al criminal y dejando de criminalizar a quienes buscamos ser ciudadanos de bien. La República del Paraguay debe dejar de ser servil a autoridades extranjeras que lejos de cumplir con sus funciones en su propio país, hacen lo más fácil: echar la culpa al nuestro”, se lee en el documento que hizo público la ALPAP.