Jueza que liberó a brasileños detenidos con fusiles también benefició con medida similar a captores de policías

SALTOS DEL GUAIRÁ. La jueza de Katueté, Ilda Acosta, liberó el pasado 11 de marzo a los hermanos Emigdio Osvaldo y Derlis Fermín López Ortiz, presuntos cabecillas de indígenas que capturaron y humillaron a tres efectivos de la Unidad de Inteligencia Sensible SIU el 7 de febrero de este año. La magistrada no llevó en cuenta que los mismos tienen varias órdenes de prisión pendientes por otros hechos graves de los que son acusados.

Policías tomados de rehenes por indígenas en la estancia Americana el pasado 7 de febrero de 2023.Gentileza
audima

Según los datos que saltan tras la liberación de cinco brasileños que transportaban fusiles de guerra (y con frondosos antecedentes en el Brasil), la misma jueza de garantías de Katueté, Ilda Acosta, que les concedió arresto domiciliario, procedió el pasado 11 de marzo a beneficiar con la misma medida a dos presuntos lideres indígenas que están acusados de encabezar una turba de nativos que capturó a tres agentes de Inteligencia el pasado 7 de febrero en la zona de la estancia Americana.

Según el Ministerio Público, Emigdio Osvaldo y Derlis Fermín fueron quienes al mando de los nativos de Y’apo 4 capturaron, humillaron, agredieron y hasta amenazaron de muerte a los oficiales de la Policía Nacional y los mantuvo rehenes por varias horas hasta que fueron rescatados por sus pares.

Ilda Acosta, jueza de Katueté, que liberó y concedió arresto domiciliario a los hermanos López Ortiz, acusados de capturar a agentes de Inteligencia de la Policía Nacional.

Arrodillados bajo el sol durante dos horas

Los indígenas ordenaron que los agentes se quiten toda la ropa, como se negaron, fueron agredidos y se les exigió que obedezcan o en caso contrario les iban a herir con la lanza. Los agentes se quitaron las remeras y les hicieron arrodillar en tierra y permanecer en esa posición bajo el sol por dos horas causándoles quemaduras, relata el fiscal en su imputación en base a las declaraciones de los agentes capturados.

Además, fueron obligados a carpir y corpir bajo la amenaza de que si no los hicieran iban ser agredidos. Dichas acciones fueron filmadas y luego publicadas por los propios captores.

El fiscal Meiji Udagawa les imputó por hurto especialmente grave, asociación criminal, privación de libertad, coacción grave y reducción y solicitó la prisión preventiva de ambos. El agente solicitó, además, la búsqueda de otro de los hermanos López Ortiz: Delosanto, quien también habría participado de la captura de los agentes del SIU. El mismo ya tiene orden de captura internacional.

La jueza Acosta ordenó la prisión de ambos, primeramente. Sin embargo, el pasado 11 de marzo, accedió a una audiencia de revisión de medidas solicitada por la defensa de los hermanos López, ocasión en la que la magistrada terminó concediéndoles arresto domiciliario con la única garantía de la caución juratoria del cacique de la comunidad indígena Y’apo, Mario Saucedo.

Ministerio Público presentó apelación

El Ministerio Público interpuso inmediatamente un recurso de apelación contra la decisión de la cuestionada jueza y solicita que se revoque la liberación de los hermanos López teniendo en cuenta que los hechos que presuntamente cometieron son considerados crímenes.

El fiscal Udagawa puntualiza en el escrito que uno de los procesados, Osvaldo López Ortiz, cuenta además con varias órdenes de captura por invasión de inmueble ajeno, amenaza de hechos punibles, coacción grave y producción de riesgos comunes.

Capturados por una turba de indígenas

El pasado 7 de febrero los oficiales Oscar Villar Torres, Ernesto Adrián Fretes Isaurralde y Cesar David Jara Fernandes, todos miembros de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de Asunción fueron capturados por una turba indígena cuando se encontraban investigando cultivos de marihuana y una pista narco en la jurisdicción de americana, en la zona comandada por los nativos.

Estos fueron sorprendidos por el grupo que llegó en camionetas 4x4, armados con machetes y lanzas obligaron a los investigadores a bajar sus armas y entregarse para luego ser sometidos a todo tipo de vejámenes, bajo amenaza de muerte, según refiere la imputación fiscal. Varios de los hechos al que los uniformados fueron sometidos fueron filmados y publicados por los propios captores.

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