Los abogados que piden silenciar a los medios de comunicación masivos, mediante la censura previa son Sergio Fernández Trinidad y Karina Yeza Rivarola. Esta última sería prima hermana de Romina Ledesma Rivarola, actuaria del juez Miguel López, otorgante de la prisión domiciliaria.
El procesado Bogado Fernández está imputado por tenencia y tentativa de comercialización de drogas peligrosas por el fiscal Enrique Díaz, titular de la unidad 1 Especializada en Delitos de Narcotráfico del Ministerio Público - V Región. El fiscal solicitó la impugnación de la resolución judicial que beneficia al sospechoso, trámite que se encuentra en el Tribunal de Apelaciones de la Tercera Circunscripción Judicial.
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En el escrito de presentación, los abogados afirman que los medios masivos de comunicación “en forma alevosa” violan los derechos constitucionales y derechos procesales de su cliente a través de publicaciones “que exceden el derecho a la información” y afecta gravemente “la presunción de inocencia de nuestro defendido”.
Dicen que las publicaciones violan el artículo cuatro del Código Procesal Penal CPP) que habla de la presunción de inocencia. “Con las publicaciones de los medios de comunicación le hacen aparecer a nuestro mandante como culpable del hecho investigado en un afán meramente mercenario, mercantilista, y con el objeto claro de explotar el ´morbo´ del lector...(sic)”, expresan en la nota.
La semana pasada tuvo repercusión la celeridad con la que el juez penal Miguel López le otorgó presión domiciliaria a Fernández Trinidad tras una comparecencia telemática desarrollada en fecha 11 de marzo. También libró oficio al jefe de la comisaria Primera de la Policía Nacional, donde se hallaba detenido, para la ejecución inmediata de la disposición.
La detención de Sergio Fabián Bogado Fernández se produjo el 11 de marzo, alrededor de las 13:00, en la avenida costanera P. Bólik de Encarnación. De su poder, los agentes Antinarcóticos de la Policía Nacional se incautaron de 1.060 gramos de cocaína pura, valuada en aproximadamente G. 28 millones y un vehículo de la marca VW modelo Polo año 2022 valuado en unos G. 80 millones, de acuerdo a los intervinientes.
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En la imagen que se publicó a través de los medios de comunicación se observa al sospechoso con una capucha policial puesta por la cabeza, luego del procedimiento del que participaron también agentes de la división Antisecuestros de la Policía Nacional.
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