El abogado Miguel Tadeo Fernández Ayala, defensor del imputado Diego José Cubas Jordan, planteó una excepción de falta de acción contra la imputación del Ministerio Público en el operativo A Ultranza Py, ante la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía.
La magistrada resolvió, tras analizar los argumentos presentados por la defensa y por el fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico Deny Yoon Pak, rechazar el incidente formulado por el abogado defensor de Cubas Jordan, a través de su AI N° 286.
El abogado Miguel Fernández señaló en primer lugar que “en el acta de imputación se describen tipos penales que la Fiscalía ‘subsume’ dentro de los artículos 21 de la Ley N° 1.340/88, en concordancia con el artículo 31 del CP y 44 de la Ley N° 1.340, en concordancia con el artículo 29 del CP, así como el 239 del Código Penal”.
Entonces, según los tipos penales señalados, Diego José Cubas está procesado por tráfico internacional de sustancias estupefacientes, en calidad de cómplice, y también lavado de dinero según la ley de drogas, en calidad de autor, y asociación criminal según lo descrito en el Código Penal.
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Fiscalía no comprobó participación de imputado
En otro apartado, el abogado Miguel Fernández cuestionó que la imputación fiscal “es casi una copia del informe” de inteligencia de la Senad, en el cual “no existe una descripción fundada de un hecho típico, sino más bien situaciones y circunstancias relatadas bajo el supuesto de probable”.
Añadió que “durante todo el relato en la imputación no existe ningún elemento que pueda ser comprobado de que Diego José Cubas Jordan haya introducido al país sustancias estupefacientes prohibidas, y menos aún su transformación y remisión al exterior”, por lo que cuestionó la objetividad de la Fiscalía en la causa.
A todo lo dicho, el abogado de la defensa sostuvo que “hasta la fecha no existen elementos que determinen la conducta descrita por el Ministerio Público” sobre la relación de confianza con otro piloto, que actuó supuestamente al servicio de Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, Gilberto Esteban Sandoval Giménez, con quien mantuvo constantes vínculos.
Fernández también señaló que el resultado negativo a partículas de cocaína y marihuana, obtenidos por microaspirado a los aviones con matrículas: ZP-TZN; ZP-BWN; N4781N; ZP-BKI; ZP-BNO; ZP-BBC; ZP-BJW, “echa por tierra todos los tipos penales que se le imputan a Diego Cubas”.
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Defensa puede objetar en esta etapa
El fiscal Deny Yoon Pak respondió los argumentos del abogado defensor de Diego Cubas, indicando que “la investigación se encuentra en etapa preparatoria” y que “la Fiscalía está realizando las diligencias correspondientes a fin de esclarecer los hechos establecidos en relación al incoado”.
Por otra parte, mencionó que la Fiscalía “formuló imputación en contra del ciudadano Diego José Cubas Jordan, y de la lectura de la misma se podrá observar que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 302 y siguientes del C.P.P.”, por lo que “todo lo asentado en el acta de imputación resulta de una investigación iniciada hace varios años, que siguen siendo contrastadas con elementos de cargo y descargo”.
La jueza Rosarito Montanía, en su análisis, manifestó que “para que exista una imputación solo se requiere de la sospecha de la comisión de un hecho punible y, en base a esta, el fiscal debe iniciar la investigación penal”.
Además, refiere que la causa se encuentra en “etapa investigativa/preparatoria, donde el imputado tiene la oportunidad de ejercer su defensa técnica y cuestionar los extremos fácticos que se le atribuyen”.
Sin embargo, recordó al abogado de la defensa que le la excepción “sólo procede cuando de la descripción de los hechos imputados o del examen de las actuaciones surja palmaria y, evidentemente, la ausencia de encuadre típico de los mismos, que no es el caso traído a estudios”. Además, destacó que el acta de imputación no reviste defectos de forma para su rechazo.
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Operativo A Ultranza Py
El denominado operativo A Ultranza Py, es una megaoperación de combate al narcotráfico que involucra al Ministerio Público y la Senad de Paraguay, así como a la Policía de Uruguay, Europol, así como la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), entre otros organismos.
El mismo se inició en 2019 con el seguimiento de una red narcotraficante, responsable del envío de varias toneladas de cocaína a puertos de Europa y África por vía marítima a través de los puertos de Paraguay. Como supuestos líderes están señalados el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera y el paraguayo Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.
Ambos cabecillas de la banda contaron, según datos de la investigación, con apoyo de sus familiares y allegados para la organización, planificación y remisión de las sustancias al exterior, así como también para el lavado del dinero obtenido como ganancia de las operaciones.
El 22 de febrero de este año se puso en marcha este operativo con varios allanamiento en simultáneo. Hasta hoy, de las más de 30 personas imputadas en el caso, solo 12 de ellas están con prisión preventiva y sometidas al proceso, en tanto que otras 19 continúan prófugas, entre ellas Marset e Insfrán.
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Tránsito de la droga
De acuerdo con datos obtenidos a través de la investigación, Sebastián Marset se encargaba de coordinar la compra y la venta de la sustancia ilícita, que era ingresada a Paraguay desde Bolivia, en aviones bolivianos que bajaban en una zona remota del Chaco paraguayo donde hacían el trasbordo de la droga.
Una vez en territorio paraguayo, Miguel Ángel Insfrán movilizaba la logística para trasladar la sustancia a distintos depósitos, tanto en Presidente Hayes como en Central, donde acopiaban la cocaína hasta lograr un volumen “aceptable” para su posterior envío a Europa o África.
Para la exportación de la sustancia entraba en acción Luis Fernando Sebriano González, quien se encargaba de realizar todas las diligencias preparativas y administrativas para sacar la droga del territorio paraguayo a través de los puertos fluviales. Para ello se servían de empresas legales.
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Así, según la pesquisa era usadas las firmas “ARTIS S.A.”, “NEUMÁTICOS GUAIRA S.A.”, “NOTIA S.R.L.” y “MAXIGRAINS S.A.”.
En ese contexto, la organización logró el envío de 10.964 kilos de cocaína por medio de la empresa NEUMÁTICOS GUAIRA S.A., ocultos entre una carga de cuero dentro de un contenedor que partió desde el Puerto Seguro de Villeta, el 28 de febrero de 2021, y fue hallada el 2 de abril de 2021 por la Policía Federal Belga y la Aduana de Bélgica, en el Puerto de Amberes.
También, a través de la empresa “Guaraní Business Import & Export S.A.” se enviaron 4.174 kilogramos de cocaína, ocultos dentro de bolsas de Big Bags, con harina de soja, transportados en contenedores, los cuales partieron del Puerto Seguro Fluvial de Villeta, el 30 de agosto de 2021 y fueron hallados en el Puerto de Rotterdam por el HARC de investigación de Puertos Rotterdam,.(Policía aduanera de Países Bajos).