En el distrito de Itakyry, unas 300 familias dependen del agua de un arroyo cuya calidad es desconocida. Los pobladores deben recorrer varios kilómetros para acarrear agua destinada al consumo humano, la limpieza, el aseo personal y el cuidado de los animales. Desde hace siete años piden reiteradamente respuestas a las autoridades, pero jamás lograron obtener una solución concreta.
Mientras tanto, en Ciudad del Este, una de las principales puertas de acceso al país a través del Puente de la Amistad, la falta de agua llevó al cierre temporal de los baños públicos por dos días, provocando un olor nauseabundo que se propagó en toda la zona primaria, afectando no solo la imagen de esta importante área comercial sino también la imagen país.
Estos ejemplos son una prueba clara de la inoperancia del Estado en el cumplimiento de sus funciones básicas. ¿Cómo es posible que un departamento tan rico en recursos naturales y económicos no logre garantizar un servicio tan esencial como el acceso al agua potable? Este problema evidencia la falta de voluntad política para resolver las carencias estructurales que afectan a las comunidades. Lo peor de todo es que estas deficiencias suelen ser utilizadas como herramientas políticas para captar votos mediante falsas promesas que nunca se cumplen.
A estas alturas resulta ingenuo esperar que el Estado cumpla con su responsabilidad, pues nos demuestra todos los días que no es capaz de resolver problemas tan básicos como el acceso al agua potable.
Ante esta situación, deberíamos explorar alternativas más prácticas, como permitir una mayor participación del sector privado en la gestión y distribución de servicios básicos. Una apertura a la inversión privada podría generar soluciones a los múltiples problemas que enfrenta la comunidad.
En otras palabras, si el Estado no está dispuesto o no es capaz de cumplir con su labor, debería al menos facilitar y dejar que otros actores propongan y ejecuten soluciones efectivas. Las constantes trabas burocráticas solo perpetúan la crisis y priva a miles de personas de un derecho fundamental como es el acceso al agua potable.