A los 15 días de haber comenzado a figurar en planilla, unos periodistas le preguntaron cuál era el trabajo que hacía, y el les respondió que no podía comentar mucho porque todavía se estaba instalando en el cargo.
Alguien por allí explicó que le habían dado ese puesto, aspirado por miles de jóvenes profesionales, porque su padre había sido uno de los primeros contribuyentes para la campaña presidencial y porque él también había mojado la camiseta por el partido.
Llegó luego el cambio de gobierno. Y como en todo cambio de equipo, a alguien le llegó la información de que nuestro hombre en cuestión no era muy afecto a ir a cumplir con su horario laboral.
Tras la revisión de las planillas encontraron que el funcionario había asistido a su lugar de trabajo solamente 11 de los 365 días del año, y que entre enero y diciembre, además de utilizar sus vacaciones y permisos particulares, justificó sus masivas ausencias con varios certificados médicos que exponían diferentes supuestos problemas de salud, expedidos por médicos de diferentes especialidades.
Tan grosero era todo que incluso apareció un certificado médico firmado por un ginecólogo.
Al conocerse del caso, muchos datos más fueron aportados, como que el propio funcionario se encargaba de publicar fotografías y mensajes en sus redes sociales, participando de fiestas, actividades familiares y otros eventos sociales, en los días en los que supuestamente estaba guardando reposo por prescripción médica.
El hombre fue desvinculado, y unos días más tarde el principal responsable de la empresa del Estado formalizó una denuncia judicial.
En cualquier país medianamente serio, esta historia terminaría con una condena al responsable por haber estafado a la empresa presentando documentos falsos.
Sin embargo, en un nuevo capítulo de nuestra, parafraseando a Borges, historia local de la infamia, el caso queda impune por la extinción de la acción penal, ya que el protagonista de la historia, el político Raúl Sánchez Benegas, devolvió los casi 245 millones de guaraníes estimados como perjuicio causado en el año 2019 a la Entidad Binacional Yacyretá, de la que fue desvinculado el 7 de febrero de 2020, tras ausentarse 264 días el año anterior.
Fueron los jueces Juan Carlos Zárate, Yolanda Portillo y María Fernanda García de Zúñiga quienes declararon la extinción de la acción penal y como consecuencia sobreseimiento definitivo del político, procesado por estafa y uso de certificados médicos de contenido falso.
Esto luego de que la fiscal Nathalia Silva se allanara al planteamiento de la defensa de devolver el dinero, y el abogado César Alfonso, quien se presentó a la audiencia con un poder especial de la EBY, retirara el cheque judicial, efectivizara la suma devuelta para reparar el daño y comunicara el trámite al tribunal de sentencia, que declaró así que se extinguió la acción penal.
La extinción de la acción penal fue concretada con base en el artículo 25 del Código Procesal Penal, que en su inciso 10 establece que la acción se extinguirá cuando exista una reparación integral del daño particular o social causado, realizada antes del juicio, y con la admisión del Ministerio Público.
La historia documenta una vez más no solo la obtención de un cargo a través de padrinazgos políticos y privilegios para unos pocos, sino también la indignante impunidad que se sigue incubando en los procesos judiciales.