El índice fue presentado por Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y entre sus principales conclusiones sentenció que ningún país de las Américas se ubicó en la clasificación denominada “con libertad de expresión”. Desgranando el informe, disponible en el sitio de la SIP, se pueden constatar las debilidades de la prensa paraguaya recogidas por la organización.
Entre ellas se evidencian la escasa o nula investigación por parte del Ministerio Público en casos de crímenes contra periodistas y la falta de información proactiva sobre el estado de los casos judiciales en crímenes contra periodistas. También se mencionan la falta de institucionalización y de presupuesto de la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay, así como la impunidad judicial.
Analizando la situación desde el ángulo de la Mesa de Seguridad para Periodistas, las carencias mencionadas tienen componentes externos e internos. Lo externo tiene que ver con la amenaza mencionada por la SIP, es decir, la poca, o nula voluntad política para legislar a favor de la protección a los periodistas para blindarlos de las presiones del poder del crimen organizado y otros grupos de presión relacionados con ilegalidad.
A esto se suma que, algo de índole interno, en especial del grupo impulsor de la ley. A saber, la propuesta inicial fue mutando, mezclándose los tantos hasta prácticamente desconocer el rol articulador de la Mesa que por años ha venido –con sus miembros de manera voluntaria– trabajando para la consolidación de la Mesa y también por la promulgación de la Ley.
El grupo impulsor ha agregado en el proyecto a los defensores de DD.HH. cuya labor, sabemos es loable, pero nada tiene que ver con la naturaleza del quehacer periodístico. Antes que potenciar mecanismos de protección, con una base ya establecida, el proyecto contempla una burocracia que permea aún más la delgada membrana de protección que se ha tejido a lo largo de estos años.
Esta debilidad es convenientemente aprovechada por el poder para dejar en stand by algo tan importante como las garantías a los trabajadores de la prensa, garantes a su vez de la libertad de expresión, pilar de la democracia.