Mientras el liberal lo acusaba “en su cara” de ladrón y corrupto, el colorado aprovechó para mostrar mensajes en su celular en los que su detractor ocasional le pedía un favor para un amigo que precisaba de un contrato con la comuna.
El hecho de que en este caso el senador es de la oposición y el intendente del oficialismo, puede llevarnos a concluir, simplificando, que en cuanto a opciones electorales la ciudadanía solo puede optar entre la sartén y el fuego.
Miremos cómo se perfilan los proyectos políticos para la todavía lejana elección de 2028:
El presidente Santiago Peña (ANR, cartista) ya anunció que el candidato de su movimiento a sucederlo en el cargo será el vicepresidente Pedro Alliana, alguien que demostró de manera flagrante –con el episodio de su hija privilegiada con un cargo de alto sueldo– que, en caso de acceder al poder, lo usará para repartir dinero público a sus parientes, operadores políticos y amigos.
En tanto, en la oposición ya se habla ahora de que la fórmula para intentar desbancar al Partido Colorado será la de unirse todos alrededor de un candidato de consenso que tenga posibilidades reales de ganar las próximas elecciones. Podemos suponer que eso de “unirse todos” incluye a políticos liberales y de otros partidos que consideran que está bien recurrir a favores políticos para acceder a negocios con el Estado.
Muchas veces escuchamos a viejos políticos colorados –que están en el poder desde hace muchas décadas– pretender mostrar que sus adversarios políticos son iguales a ellos, en cuanto a corrupción, prebendarismo, etc., lo cual, en algunos casos, puede tomarse por cierto.
Sin embargo, también sabemos que hay políticos honestos, que no buscan el poder con el único objetivo de enriquecerse y enriquecer a su familia y amigos.
Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a que en los hospitales públicos no haya médicos suficientes ni salas de internación ni remedios. También a que en las escuelas los rubros de docentes estén reservados, no para los mejores, sino para quienes tienen contactos partidarios. Asimismo, que la seguridad pública no sea para todos por igual, sino para quien puede pagar por el servicio o quien tiene contactos políticos. Finalmente, los puestos laborales, especialmente en la función pública con altos sueldos, están reservados para privilegiados y encima debemos soportar que cobren altos sueldos sin preparación y hasta sin concurrir a sus lugares de trabajo.
Es decir, normalizamos el hecho que las instituciones funcionen mal o no funcionen y que, cuando necesitamos salud, educación o seguridad, se deba recurrir a amigos políticos o, a lo sumo, reclamar ante los medios de prensa.
El eslogan “vamos a vivir mejor”, con el cual ganó esta administración, a esta altura sabemos que se refería a que ELLOS vivirían mejor.
Como ciudadanos deberíamos exigir que los candidatos que pretenden llegar al poder se comprometan a que, de ganar, las instituciones mejorarán ostensiblemente su funcionamiento, para lo cual debe haber proyectos concretos, mayor financiamiento y voluntad política.