El artículo 85 de la Constitución Nacional, “Del Mínimo Presupuestario”, establece que los recursos destinados a la educación en el Presupuesto General de la Nación no serán inferiores al veinte por ciento (20%) del total asignado a la Administración Central, excluidos los préstamos y las donaciones. Este artículo representa un indicador mínimo para la asignación de recursos a la educación en Paraguay. No obstante, el presupuesto real destinado a la “Función Educación” en varios años (2013, 2015, 2021) ha sido inferior a este mínimo constitucional, con asignaciones que rondan solo entre el 18% y el 19%.
Las leyes paraguayas para la educación son impecables en el papel, pero la realidad dista mucho de este ideal. El Observatorio Educativo Ciudadano informa que en el distrito de Itanará, departamento de Canindeyú, en el 2022, el dinero destinado para construir nuevas aulas desaparece misteriosamente, dejando a muchos niños sin las instalaciones básicas para estudiar. De 4 aulas planificadas, ninguna se ha construido, lo que refleja una situación desesperanzadora. En el mismo año, el distrito de Caaguazú, a pesar de contar con un presupuesto asignado de 861.339.160 guaraníes, la necesidad de construir 211 aulas nuevas y la reparación de 286 quedó nula. Además, la cobertura de alimentación escolar es insuficiente: solo se logró alimentar a 848 alumnos de una meta de 1.272, mientras que la necesidad total asciende a 15.007 niños.
Hoy la educación es un negocio para algunos. Nuestras autoridades roban de manera descarada y sin vergüenza, mientras nos engañan con discursos de mejora y progreso. Esta realidad se replica en los 17 departamentos del país, donde nadie sabe con certeza qué ocurre con el presupuesto asignado a la educación. No podemos llamar a esto de otra manera que una traición a nuestra patria.
Posicionándonos en otro campo de batalla dentro de esta guerra llamada educación paraguaya, los desafíos son numerosos. La concepción de la educación en Paraguay se basa en el Artículo 73 de la Constitución de 1992, que establece que toda persona tiene derecho a una educación integral y permanente, contextualizada en la cultura de la comunidad. Los fines de la educación, también incluidos en el mismo artículo, mencionan el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad, la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos. Sin embargo, para alcanzar estos objetivos, es fundamental que todos los actores involucrados en el sistema educativo trabajen juntos para superar las deficiencias actuales y construir un futuro mejor para todos nuestros jóvenes.
El texto constitucional de Paraguay establece garantías para la educación, pero estas a menudo quedan en el papel cuando se enfrentan a la realidad. Según el Observatorio Educativo Ciudadano, el promedio de gasto educativo en proporción al gasto total del gobierno en Paraguay en 2023 es del 9,8%. Esto contrasta significativamente con el promedio mundial de 14,1% en 2019 y el promedio latinoamericano de 15,9% en 2021, por lo tanto, se evidencia una brecha importante en la inversión educativa.
Los datos del Registro Único del Estudiante (RUE) para 2022 revelan que hubo 1.543.057 matrículas registradas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). A pesar de estos números, la tasa de analfabetismo a nivel nacional es del 4,71%, afectando desproporcionadamente a la población de menores ingresos y mayor precarización (MEC, 2022). Esta situación muestra cómo la falta de inversión en educación afecta directamente a quienes ya están en una posición vulnerable.
Ser estudiante en Paraguay puede compararse con ser un soldado enfrentando fuerzas adversas. En zonas rurales, la falta de recursos monetarios y el acceso limitado a instituciones educativas complican aún más el panorama. Hay comunidades donde la única escuela está a kilómetros de distancia y no existe transporte público, lo que obliga a muchos estudiantes a recorrer largas distancias a pie o en motos, arriesgando su seguridad en el proceso. Estas dificultades no deberían ser un impedimento para que los jóvenes estudien y progresen.
La interconexión entre pobreza y educación es evidente, y funciona de manera bidireccional. La pobreza crea barreras para acceder a una educación de calidad y, a su vez, la falta de educación perpetúa la pobreza. El Observatorio Educativo Ciudadano señala que, es 4,48 veces más probable que una persona que ha completado 12 años de escolaridad gane al menos el salario mínimo, en comparación con una persona que no los ha completado. Este dato ilustra el círculo vicioso de pobreza y desigualdad que afecta a la sociedad paraguaya.
Las disparidades entre la educación urbana y rural son significativas. Mientras que el promedio de años de estudio en zonas urbanas es de 10,64 años, en las zonas rurales es de solo 7,8 años. Paraguay ocupa el tercer lugar en América Latina por tener una de las menores cantidades de horas oficiales de instrucción para la Educación Escolar Básica (6 a 15 años), con casi 750 horas al año (PISAD, 2019).
En términos de desempeño académico, los estudiantes paraguayos se encuentran en desventaja en comparación con sus pares internacionales. Según el informe PISA 2022, las puntuaciones de lectura en Paraguay fueron de 407 puntos, significativamente por debajo del promedio de la OCDE de 487 puntos. Comparando estos datos con los resultados del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo (SNEPE) de 2018, se observa que los problemas en lectura y matemáticas persisten, sugiriendo que las intervenciones actuales no han sido efectivas para reducir las brechas de aprendizaje.
Además, el Instituto Nacional de Estadística proporciona más evidencia de que, aunque más personas están asistiendo a la escuela, la calidad de la educación sigue siendo un problema considerable (INE, 2023). Esta gran batalla diaria en la que participan estudiantes, padres y docentes es un llamado a la acción para mejorar el sistema educativo, y proteger a nuestros jóvenes de factores que puedan comprometer su desarrollo e integridad.
Cada actor en el sistema educativo, desde alumnos hasta padres, docentes y la comunidad en general, tiene un papel crucial en la construcción de un sistema educativo sólido y eficaz. Los estudiantes necesitan un entorno que no solo les proporcione conocimientos académicos, sino también seguridad, apoyo emocional y motivación. Esto requiere una colaboración activa tanto de padres como de docentes.
Los padres deben participar activamente en el proceso educativo, no solo observando, sino también reforzando en casa lo que se aprende en la escuela, fomentando hábitos de estudio y un aprendizaje continuo. Los docentes, por su parte, deben adaptarse a las necesidades individuales de cada alumno, requiriendo no solo competencia académica, sino también empatía, paciencia y habilidades de comunicación.
Mejorar el sistema educativo también implica un esfuerzo colectivo para proteger a los jóvenes de variables que afectan su desarrollo, como el acoso escolar, la falta de recursos educativos adecuados, la desigualdad social y las influencias negativas del entorno digital. Para lograr una verdadera victoria en esta “guerra” de la educación paraguaya, es crucial dejar de lado los intereses personales y trabajar juntos para proteger el futuro de nuestros niños.
El compromiso del gobierno debe ir más allá de la simple asignación presupuestaria; debe incluir un monitoreo riguroso de cómo se utilizan los recursos y asegurar que lleguen a las áreas más necesitadas (Banco Mundial, 2021). No es solo construir más escuelas en zonas rurales, sino también garantizar la disponibilidad de materiales didácticos adecuados, infraestructura segura y profesores capacitados que puedan adaptarse a las diversas necesidades de los estudiantes (UNICEF, 2022). Estudios muestran que la calidad de la infraestructura escolar tiene un impacto directo en el rendimiento de los estudiantes, especialmente en áreas marginadas (OECD, 2020).
La educación debe ser vista como un derecho fundamental y una inversión en el futuro del país. Cada niño en Paraguay merece la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, independientemente de su lugar de nacimiento o condición económica. Asegurar una educación de calidad para todos no solo beneficiará a los individuos, sino que también contribuirá a un Paraguay más justo, próspero y cohesionado, donde cada ciudadano tenga las herramientas para participar plenamente en la sociedad (UNESCO, 2022). Este enfoque no solo es éticamente necesario, sino también económicamente ventajoso, ya que una educación de calidad fomenta el crecimiento económico y reduce las desigualdades a largo plazo (PNUD, 2023).
Para ganar esta guerra es crucial dejar los intereses personales de lado, es proteger al niño que necesita un buen sistema educativo donde pueda desarrollar su máximo potencial. Está en nuestras manos exigir proteger a nuestra gente, dejar de repetir errores del pasado y no dejar que solo algunos den el grito de muero por mi patria. Es el momento de alzar la voz con nuestras acciones. La clase política debe ser la luz del cambio en vez del arma que dispara a su nación para que esta guerra, sea la posible victoria del mañana.
(*) Por Digna Concepción Mercado Prieto; es estudiante de Licenciatura en Educación Escolar Básica, Instituto Nacional de Educación Superior “Dr. Raúl Peña”. Ganadora, con este artículo, de la segunda edición del Concurso de Escritura Datos que cuentan, La realidad educativa del Paraguay a través de datos, llevado adelante por el Observatorio Educativo Ciudadano.
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