Un ejemplo es el caso de dos comunidades del Alto Paraná: Tembiaporã (Minga Porã) y Limoy (Itakyry). Estas localidades llevan esperando dos años la inauguración de un puesto de salud, cuya construcción quedó inconclusa en 2022. Las obras, encargadas por la Itaipú Binacional fueron abandonadas por la empresa constructora responsable, dejando a miles de personas sin acceso a servicios médicos básicos.
Lo más indignante es que, a pesar de su poderío económico, la Itaipú Binacional no ha mostrado la responsabilidad ni el compromiso necesarios para solucionar el problema. Las autoridades municipales expresaron su frustración ante la falta de respuestas y acción por parte de la entidad, que, hasta hace poco, parecía haber olvidado por completo a estas comunidades.
Solo después de numerosos reclamos y movilizaciones por parte de los pobladores afectados, se comenzó a realizar un relevamiento de datos para proyectar la finalización de las obras.
Lo que ocurre en Tembiaporã y Limoy no es un hecho aislado; es un reflejo de la realidad que enfrentan muchas comunidades en Paraguay. La salud pública debería ser una prioridad, no solo en los discursos políticos, sino también en la práctica, al considerar que las promesas de mejoras rara vez se traducen en acciones concretas.
La negligencia y el abandono no pueden ser la norma, especialmente cuando están en juego la vida y el bienestar de los ciudadanos. Es imperativo que el Gobierno, junto con entidades como Itaipú Binacional, asuma su responsabilidad y trabaje para garantizar que todos los paraguayos, sin importar dónde vivan, tengan acceso a un sistema de salud digno y eficiente.
La salud no puede seguir siendo un tema secundario en la agenda nacional. Cada comunidad merece servicios de calidad, que sean accesibles y que estén a la altura de las necesidades de la gente.
Mientras no haya voluntad política para gestionar como corresponde los recursos, la incompetencia será el legado más evidente de este Gobierno. Incapaz, ineficaz y fallido.