Esto pese a que quedó certificado que el propio IPS fue capaz de realizar durante los últimos años un cruce constante de datos con diversas instituciones públicas y privadas para no tener que exigir el odioso trámite denominado “Certificación de sobrevivencia”.
De hecho en países más organizados no es el jubilado el que debe realizar este trámite sino que es la propia institución estatal la que debe demostrar que la persona en cuestión ha fallecido, como nos lo recordaba el martes pasado en la 730AM la gerente de prestaciones económicas Vanessa Cubas, quien al ser consultada sobre la recomendación que elevó al Consejo, confirmó que el IPS era capaz de seguir haciendo los cruces y que incluso en países como Brasil se revierte la carga de la prueba y es la institución la que debe demostrar que el jubilado o pensionado ha fallecido.
En la entrevista la gerente remarcó que el IPS es perfectamente capaz de seguir realizando el cruce de datos, y que solo en casos excepcionalísimos se estaría convocando al jubilado al no encontrar datos dentro de toda la información disponible.
El cruce de información comienza dentro del propio sistema del IPS que registra las consultas y atenciones brindadas, además de la entrega de medicamentos a los jubilados, el Ministerio de Salud que registra las defunciones, el Registro Civil que las certifica, la Justicia Electoral que consigna la participación cívica o los propios bancos utilizados para abonar cada 17 de mes las jubilaciones, son fuentes de abundante información disponible para el IPS.
Poco importó esto a los consejeros del IPS y con la moción del representante del Ministerio de Salud, Aníbal De Los Ríos, y los votos de los demás consejeros Jorge Brítez, Carlos Pereira, José Emilio Argaña, Víctor Insfrán Dietrich y José Jara Rojas, quedó ratificada una resolución del 2018 que vuelve a obligar a jubilados y pensionados a demostrar cada tres meses que aún siguen vivos.
Francamente nos quedan dudas sobre si algunos, o todos los consejeros saben lo que aprobaron el jueves pasado.
Lo decimos porque afanosamente buscamos hablar con algunos de ellos pero las excusas fueron diversas y hasta el momento de redacción de este comentario solo se emitió un comunicado y nadie quiso hablar públicamente.
El comunicado en cuestión, emitido por el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social, informa a los jubilados y pensionados que decidieron reactivar la resolución del 2018 que establece la obligatoriedad del Control de Sobrevivencia en los centros médicos y administrativos del IPS.
Un control que debe ser realizado cada 3 meses por todos los jubilados y pensionados, con el objetivo de confirmar su derecho a seguir percibiendo los beneficios correspondientes.
El comunicado les advierte de que en caso de no realizar esta verificación dentro del plazo establecido, el pago de los beneficios será suspendido desde la fecha de vencimiento del período de control y será reestablecido una vez que se acredite la supervivencia abonando lo que quedó suspendido.
La Constitución Nacional establece en su artículo 57 que las personas de la tercera edad tienen derecho a una protección integral, y que la familia, la sociedad y los poderes públicos promoverán su bienestar, y en su artículo 6 que la calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes como los impedimentos de la edad entre otros.
Alguno quizás diga que para los jubilados es solo un trámite simple y de algunos segundos, pero eso es desconocer también la realidad de miles de ellos en cama, en zonas distantes y/o sin recursos para poder desplazarse con facilidad.
Pero además es una cuestión elemental de derechos, teniendo la previsional los recursos humanos y financieros que posee, no es comprensible cómo en pleno siglo XXI no pueda seguir cruzando toda la información disponible en el sector público y privado para otorgar cuando menos una vejez más sosegada y menos angustiante a quienes sostuvieron con sus aportes al IPS, considerando también la incertidumbre por la indefinición de las autoridades del IPS que recién tomaron una decisión sobre el tema, 9 días antes de que venza la última prórroga otorgada.