Ni siquiera hubo tiempo para celebrar la calificación de Grado de Inversión otorgada a nuestro país por Moody’s. Si bien esto no se puede atribuir exclusivamente a la actual administración —es resultado de un largo proceso— el gobierno de Santiago Peña tiene sus méritos.
En el Paraguay hay dos andariveles por los cuales corren, paralelamente, intereses divergentes en cuanto al manejo de la cosa pública.
Por un lado, los intereses nacionales genuinos, que tienen que ver con las necesidades del país, con la calidad de vida de la gente. Esto transita por el manejo de la Economía, el combate a números desfavorables en cuanto a empleo, por ejemplo; a la búsqueda de soluciones a la larga calamidad del transporte público, el más vergonzoso de Sudamérica. Y atañe a la necesidad de una mirada atenta ante cualquier posible desborde inflacionario (los índices del BCP no reflejan la realidad a la hora de las compras cotidianas).
Si hay verdadera preparación para los efectos positivos que derivarían del Grado de Inversión, no podemos seguir con un aeropuerto tan precario, con una Asunción cuyo Centro Histórico (que debiera honrar su historia) tan cruelmente abandonada o con lujosas torres por cuyo frente fluyen acompasadamente las aguas negras.
Por otra parte, están los intereses politiqueros, que no son intereses políticos. Los intereses políticos son aquellos que atañen al bienestar de la gente. La politiquería atañe al bienestar de los políticos.
Esta politiquería está hoy casi por completo en función de los caprichos y de la sed de venganza de un solo individuo, que tiene todo el poder del dinero con el que domina no solo voluntades personales, sino a instituciones del Estado puestas a su entero servicio.
He aquí un drama de nuestro tiempo en el Paraguay. Son tan poderosos esos intereses particulares sazonados de politiquería, o es tan poderoso el personaje cuyos intereses hay que defender, que constituyen hoy un pesado lastre para el Estado paraguayo.
Promovimos un posible conflicto diplomático porque el personaje de marras obligó al Ejecutivo a salir a defenderlo institucionalmente, como si él estuviera por encima de los intereses del país.
A raíz de esto, el Ejecutivo tomó una medida inédita: pedir al Tío Sam que apurara la salida de su embajador. Lo que debió hacer —dado el disgusto por su actitud mediática— era declararlo “persona no grata”. No se animó. Ni siquiera para desagraviar el nuevo único líder.
Supongo que el señor Peña estará buscando un poco de paz para dedicarse a las cosas que importan verdaderamente a la gente de este golpeado país.