Esta declaración, lejos de ofrecer una solución o al menos una actitud empática con el contribuyente, revela una preocupante falta de responsabilidad y compromiso con la buena gobernanza. Es cierto que las administraciones municipales deben tener autonomía para gestionar sus asuntos, pero esta autonomía no puede convertirse en un escudo que proteja la corrupción y la mala gestión.
La descentralización administrativa no debe y no puede ser sinónimo de impunidad local. Cuando un municipio se enfrenta a problemas graves de corrupción o se cuestiona el actuar y la gestión del que la dirige, es deber del gobierno nacional intervenir, no para socavar esa autonomía local, sino para garantizar que los principios de transparencia y justicia prevalezcan en absolutamente todos los niveles de gobierno.
La Constitución Nacional establece dos enunciados normativos contundentes que deben ser cuidadosamente observados y aplicados por el Presidente Peña en esta situación. El artículo 238 en su numeral 2 dispone: …cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes. Asimismo, el numeral 15 establece que el Presidente debe hacer cumplir las disposiciones de las autoridades creadas por la Constitución.
Hay también otras cuestiones específicas de rango constitucional, que no pueden separar la cuestión municipal de la nacional, como cuando el Presidente debe designar a un interventor municipal en caso de que llegue a prosperar una intervención, proceso que se realiza en la Cámara de Diputados y que ya ha tenido varios antecedentes.
El Presidente de la República no solo debe erigirse como un líder político, sino también como un símbolo de integridad y un guardián de los valores democráticos. Al desentenderse de estos indicios de irregularidades de Asunción, capital de la República del Paraguay y sede constitucional del Poder Ejecutivo, el presidente Peña envía un mensaje equivocado: que la corrupción puede ser tolerada si se mantiene a nivel local. Esto es inaceptable.
La corrupción es un cáncer que no respeta fronteras administrativas y, si no se combate en todas sus formas, amenaza con debilitar todo el sistema democrático. En lugar de distanciarse, el presidente Peña debería liderar con el ejemplo, promoviendo que se realicen debidamente investigaciones transparentes, apoyando las medidas necesarias para llevar a los responsables ante la justicia y dando una señal mucho más fuerte, que no se tolerará a aquellos que incurran en delitos contra la gestión pública.
La lucha contra la corrupción no es un problema exclusivo de un municipio; es un problema que afecta a todo el país y que requiere un enfoque unificado y decidido. La declaración del presidente Santiago Peña es una evasión de responsabilidad que no solo es desafortunada, sino que hasta se torna peligrosa.
La corrupción local ES un problema nacional y debe ser tratada como tal. Los ciudadanos merecen un liderazgo que no solo hable acerca de la integridad, sino que también actúe en consecuencia.
Es tiempo de que el presidente de la República, Santiago Peña, demuestre con firmeza que está dispuesto a enfrentar la corrupción en todos los frentes, sin importar dónde ocurra.
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