La propuesta incluye la unificación de la supervisión del servicio y no mantenerla desdoblada como ocurre actualmente, entre las empresas que son concesionarias del Viceministerio de Transporte y las que lo son de cada municipio.
La dualidad actual hace que los empresarios concesionarios del viceministerio reciban un subsidio del Estado por pasajero hipotéticamente transportado, mientras que los concesionarios de cada municipalidad van aumentando periódicamente los montos cobrados directamente al pasajero al no existir el subsidio complementario.
El subsidio actual tampoco tiene plazo definido y solo se implementa regionalmente en el área metropolitana, lo que causa habitualmente reclamos de contribuyentes de otras zonas del país que critican que con sus impuestos se esté financiando parte de un servicio que ni siquiera tienen la posibilidad de utilizar.
Y a propósito del subsidio, la propuesta presentada en la semana plantea que se pague por kilómetro transitado y no por pasajero transportado, aclarando que será un monto fijo conforme a los itinerarios que obligatoriamente deben cumplir las empresas y con un sistema de control de recorrido efectivamente realizado, mediante el sistema de geolocalización.
En el documento de propuesta también se establece la necesidad de reducir la cantidad de empresas, de las más de 50 que hoy forman parte del negocio, por la atomización de ingresos que hace que se canibalice el servicio. La intención es tener menos adjudicatarias quizás bajo la figura de tres consorcios de transportistas y la redistribución y ordenamiento de itinerarios.
Conversamos en la 730 AM con Fernando Maidana, secretario de planificación y transporte del departamento Central, quien aclaró que la intención es que sea el Poder Ejecutivo el que centralice el control del servicio, pero que a largo plazo podrían ser los gobiernos departamentales bajo el modelo de descentralización, los que administren y regulen la prestación.
Esa clase de problemas en otras partes del mundo se los afronta subdelegándolos a los gobiernos regionales para profundizar la descentralización, argumentó el funcionario.
No es novedad decir que el servicio de transporte público en el país es, en general, muy malo. A la zona metropolitana se le agrega con frecuencia también el reclamo desde el Alto Paraná.
El transporte es un tema fundamental de prioridades en la agenda ciudadana, y el transporte público es uno de sus componentes fundamentales al constituirse en una opción para que muchas personas, que incluso tienen vehículos propios, opten por dejarlos en sus casas, alivianando así el parque automotor circulante.
Es inevitable que aparezca el escepticismo cuando se habla de la necesidad de mejorar el servicio, el problema lleva décadas y con frecuencia aparecen manos invisibles que frenan iniciativas de corrección, bajo la figura de amparos judiciales, o designaciones de políticos y allegados a políticos vinculados directa o indirectamente en el negocio.
Tras la presentación del proyecto de Central, un senador también coincidentemente propone a través de otra ley la creación de una única entidad rectora nacional del transporte y la de una empresa estatal que compita con las privadas para ofrecer el servicio.
Más allá del debate sobre su viabilidad y del escepticismo que genera el tema, está claro que algo debe intentarse para ofrecer un servicio más decente, seguro, limpio y previsible para el ciudadano.