La crisis del papel y las nuevas plataformas informativas son las aguas en las que navegan los periodistas, quienes en este proceso de transformación enfrentan otros aprietos: las crecientes presiones de grupos de poder político y las amenazas del crimen organizado.
Este representa una amenaza directa al ejercicio periodístico ya que tiene como uno de sus objetivos silenciar a quienes revelen sus actividades y estructuras. Esto pone a los periodistas en una posición particularmente vulnerable, enfrentando riesgos que incluyen la intimidación, violencia y muerte.
En ese contexto, Paraguay tiene en su haber más de 20 periodistas asesinados. Encabeza esta lista el periodista Santiago Lequizamón asesinado por la mafia el 26 de abril de 1991, en el Día del Periodista, en Pedro Juan Caballero, Amambay.
Su caso nunca encontró justicia en nuestro país y fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al estado paraguayo a, entre otras cosas, fortalecer a la Mesa para la Seguridad de Periodistas y a la promulgación de una Ley de Protección a Periodistas, deudas jurídicas hasta ahora impagas.
Con la mirada puesta en ello, resulta dificultoso ocuparse en profundidad de temas que suponen desafíos e incertidumbres en este gran salto paradigmático en la forma de buscar, obtener, procesar y entregar información periodística.
Y mucho menos prevenir ataques que, a diferencia del crimen organizado, ya ni se esconden para intimidar y agredir a periodistas, en especial mujeres, desde el mismísimo poder político (parlamentarios que operan en cámara con total desparpajo).
¿Qué hacemos? Resignarse no es una opción o tal vez sí, pero a la par insistir en las estrategias de protección, capacitación, colaboración, innovación tecnológica y compromiso con la calidad del contenido. ¿Es difícil? Es difícil, pero no imposible sobreponerse a estos obstáculos.