En una medida claramente necesaria, el presidente Santiago Peña finalmente puso fin a la inadecuada asignación de recursos militares al Banco Nacional de Fomento (BNF), tras años de una práctica improcedente como guardias privados.
Las competencias militares ya no debían verse comprometidas y cambiadas para considerar la protección de entidades financieras, aun cuando estas pertenezcan al Estado. La práctica fue, sin dudas, una suerte de reflejo distorsionado de las reales capacidades y funciones de una fuerza armada que debería orientarse a desafíos mayores y más relevantes.
Es tiempo de abordar la verdadera profesionalización del estamento castrense. Si bien hay visiones que sugieren que Paraguay no necesita de una fuerza armada, estas no son enteramente ciertas.
La realidad es que las amenazas actuales a la defensa nacional son diversas y no necesariamente involucran conflictos armados directos; de hecho, esa batalla ya la tendríamos perdida dada la obsolescencia de sus pertrechos.
Las amenazas a la defensa se plantean en otras dimensiones como la ciberseguridad, el combate al narcotráfico, al tráfico de armas, trata de personas y otros crímenes trasnacionales, para lo cual se requiere de una modernización que no depende (ni dependerá) de los jefes castrenses sino de la voluntad política del Parlamento.
Con la retirada de unos 350 militares (por día) de la custodia del BNF, recursos antes distraídos ahora pueden ser realineados. Este cambio facilita que nuestro contingente de aproximadamente 10.000 hombres y mujeres en servicio pueda finalmente dirigirse a labores acordes a su preparación y especialización.
Los vehículos, la logística y, lo más importante, la experiencia militar, deben optimizarse no solo para combatir, sino para prevenir y prepararse ante las realidades de un siglo XXI lleno de desafíos multidimensionales.