Junto con el nepotismo, concepto que define la perniciosa práctica de la repartija de cargos públicos entre la parentela, uno de los vicios más difundidos en el ámbito político, está el del “sociolismo”. Término que acuño aquí, al correr de la pluma, para describir ese afán de ciertos politiqueros por ubicar al “socio”, al cuate, a la “socia” (esta última suele tener una connotación algo más “intimista”), en cargos públicos.
Otro vicio es el del prebendarismo. No necesariamente exige relación de parentesco o amistad. Pero sí el de una “lealtad” alquilada, pagada con dinero del pueblo, por supuesto.
Tan arraigado está el nepotismo que se buscó, supuestamente, poner coto al asunto mediante una ley aprobada en el 2005, durante la presidencia de Nicanor Duarte Frutos, y Carlos Filizzola como presidente del Congreso Nacional. La Ley 2777 “Que prohíbe el nepotismo en la función pública”.
La 2777 fue “perfeccionada” y ampliada por Ley 4737/2012, promulgada durante el gobierno accidental de Federico Franco, siendo Jorge Oviedo Matto titular del Congreso.
En el 2014, durante el gobierno de Horacio Cartes, y Blas Llano presidente del Congreso, se aprobó una tercera ley, la 5295, que deroga las anteriores. Esta nueva herramienta legal precisa el concepto de “nepotismo”, establece medidas punitorias y amplía el listado de prohibiciones.
Ahora solo falta alguna ley contra el prebendarismo, para que también nuestros buenos políticos tengan una más para pasarse por donde mejor les parezca.
La explosión de casos de nepotismo que vimos estos últimos días nos muestra que el problema en nuestro país no es la ley o la falta de ella. Es la certeza de impunidad (legal y social), la carencia de ética, y falta de vergüenza las que animan a nuestros politiqueros. Itapúa no está ajena a esta vergonzosa situación. Como en muchos puntos del país, tres o cuatro familias manejan todo el espectro. Entre suegros, sobrinos, yernos, primos, y compinches, manejan los destinos e intereses del pueblo. Y así nos va.