Según las quejas de los trabajadores, los agentes buscan cualquier excusa, como la sobrecarga de extintores o una leve inclinación de los paragolpes, para imponerles multas significativas. Además, argumentan que no existen normas claras a las cuales puedan adherirse para evitar contratiempos.
Esta situación está generando pérdidas significativas para cientos de compatriotas que dependen del día a día para llevar el sustento a sus hogares.
Hasta el momento, las autoridades nacionales han guardado un silencio absoluto, sin exigir un trato digno o, al menos, recíproco por parte de las autoridades brasileñas. Si la situación fuera inversa, estoy segura de que el problema ya habría llegado a la agenda de Itamaraty.
Es lamentable que como Estado paraguayo no mostremos un interés mínimo en velar por el buen trato a nuestros connacionales en cualquier parte del mundo, como lo hace cualquier otro país.
En 2004, Estados Unidos tomó la decisión de realizar controles rigurosos a los brasileños que ingresaban al país como parte del operativo “US Visit” para prevenir ataques terroristas, una medida dispuesta por la Casa Blanca.
A pesar de la delicadeza del tema, Brasil no permaneció inactivo y comenzó a aplicar la misma rigurosidad, que incluía tomar fotografías y huellas dactilares a los estadounidenses que deseaban ingresar a su territorio. Esta acción obligó a Estados Unidos a flexibilizar sus controles.
Así debe actuar cualquier país para defender a sus connacionales. Esa reciprocidad debe ser la ley primordial. No puede ser que los brasileños anden como Juan por su casa en nuestro país, mientras nuestros compatriotas son vilipendiados en sus derechos fundamentales como el derecho al trabajo.
Las autoridades nacionales deben tomar cartas en el asunto y abordar este problema de manera efectiva. Se requiere un diálogo directo con las autoridades brasileñas para establecer normas claras y justas que regulen los controles en el puente de la Amistad. Esto considerando que la falta de transparencia actual solo contribuye a la incertidumbre y a las consecuencias económicas negativas para los trabajadores.