Lo cierto es que tuvo poco destaque el hecho de que fiscales allanaron las oficinas administrativas del Instituto de Previsión Social, para dar curso a una investigación abierta tras un informe de la Contraloría General de la República que estima irregularidades por unos 160 millones de dólares bajo la administración anterior, en concepto de derroche de combustibles, pagos por obras no realizadas y desembolsos que no tienen justificativos.
La investigación fue abierta por lesión de confianza, y los fiscales Luis Piñánez, Rodrigo Estigarribia, Néstor Coronel, Jorge Arce y Diego Arzamendia fueron los encargados de ir a extraer documentos de la Caja Central y de la clínica Boquerón.
En la mira está la administración de Vicente Bataglia, pero también de los consejeros que, en algunos casos durante varios años, nada vieron de anormal en el manejo administrativo de la previsional.
Y ya de entrada se encontraron con el hallazgo de varios documentos que no se encontraban en los sitios oficiales en internet y que formaban parte de varios llamados a licitación.
En eso estábamos cuando nos encontramos con dos declaraciones que también activan las alertas y nos obligan a estar bien atentos y movilizados.
Primero fue la nueva gerente de prestaciones económicas, Vanessa Cubas, quien habló esta semana de que en lo que se refiere a jubilaciones el IPS está hoy en una especie de semáforo amarillo.
Es decir, un primer momento crítico en el que está echando mano a las utilidades que le genera su fondo de reservas para cubrir la brecha abierta entre lo que recauda en concepto de aportes para las jubilaciones y lo que debe desembolsar mensualmente a quienes ya están jubilados.
Es algo que estaba estimado para el 2038, pero que se adelantó 18 años, desde la pandemia en el año 2020, cuando el número de trabajadores activos cayó abruptamente y paralelamente el haber mínimo jubilatorio fue incrementándose gradualmente del 33 al 75 por ciento del salario mínimo.
Lo preocupante es que según la funcionaria la tendencia es que si el nivel de egresos y gastos sigue así, ese semáforo cambiará a rojo, lo que implicará el tener que empezar a usar directamente las reservas y no las utilidades que estas generan.
Y el siguiente nivel ya será el agotamiento de las reservas y la necesidad de que el Estado se haga cargo del gigantesco agujero.
Recordamos entonces que hace solo cuatro meses habíamos entrevistado sobre el mismo problema al entonces gerente de administración y finanzas del IPS José Luis Urizar, quien en junio pasado le había restado dramatismo al problema, argumentado que durante el próximo año se llegaría nuevamente al equilibrio entre lo que se recibe y lo que se desembolsa mes a mes, y a que el IPS tiene en el Fondo Común de Pensiones unos 17,5 billones de guaraníes, 2.500 millones de dólares aproximadamente.
Pero la historia ahora cambió.
Según el director de asesoría actuarial, José Velázquez , a quien también entrevistamos en la 730 AM esta semana, el IPS “posiblemente” no recupere el equilibrio el año que viene, ya que estima que deben agregarse entre 34 mil a 100 mil nuevos trabajadores para conseguirlo.
¿Qué medidas tomar? preguntará entonces alguien.
Perseguir la alta tasa de morosidad del 60 por ciento, rentabilizar mejor las inversiones, aprovechar mejor los más de 700 inmuebles que tiene la previsional y combatir intensamente la evasión del aporte obrero-patronal son algunos de los caminos, los mismos que nos llevan a exigir el combate a la inmunda corrupción interna en la previsional, esa que esta ejemplificada en el registro de que un solo funcionario figura cargando mil millones de guaraníes de combustibles en varias ciudades del país, en el mismo día y con diferentes tarjetas magnéticas.