Inentendible es la elección de José Jara Rojas, presidente de la seccional número 20, como representante de jubilados –y no es por seccionalero–. Es porque ya fue consejero durante el gobierno de Cartes y su gestión fue absolutamente intrascendente. Si ya tuvo la oportunidad de hacer cambios y no lo hizo, ¿por qué insistir con él? Según los jubilados, Santiago Peña les pidió una lista de personas capaces para ocupar el cargo, y por lo que se ve, ALGUIEN tuvo más peso que la promesa y la lista.
Tras esta desazón llegó el nombre del nuevo consejero en representación de los obreros. Cuando vimos el nombre de Víctor Insfrán Dietrich, no podíamos dar crédito. Releímos para ver si había algún error. Y no había.
Durante el gobierno de Wasmosy, Víctor Insfrán Dietrich logró convertirse en presidente de la Caja de Jubilaciones Bancarias. Para junio de 1999, él y toda su directiva fueron procesados por realizar operaciones altamente riesgosas por unos US$ 5.000.000. Fueron denunciados además por manejos indebidos de fondos, por millonarios contratos sin licitaciones y por no hacer balance actuarial. Un juez los sobreseyó, pero una Cámara de Apelación, donde estaba el actual ministro de la Corte, Benítez Riera, ordenó en marzo de 2001 que el juicio siguiera. Dijeron que “hubo mala aplicación de los recursos financieros por obra y culpa exclusiva de los miembros componentes del Consejo ya citados”. El juicio prescribió.
Había sido que Insfrán logró acomodarse nuevamente en IPS como asesor del pícaro consejero obrero saliente: figuraba como un “técnico superior en laboratorio clínico” con varios viajes y viáticos en su haber. Fuentes que merecen crédito aseguran que Lea Giménez podría ser la explicación de su nombramiento: en campaña fueron aliados políticos.
Es posible que Lea Giménez desconozca el pasado de Insfrán Dietrich igual que Santiago Peña: a juzgar por las edades, mientras ellos eran escueleros, ya Insfrán andaba de parranda por la Caja de Jubilaciones. Ni Peña ni Giménez están obligados a saberlo todo, pero desde el momento en que sus nombramientos pueden afectar el funcionamiento de la República, no pueden alegar desconocimiento. Un funcionario público es la suma de sus integridades personales con sus capacidades profesionales: si faltara alguno o todos, no puede esperarse un manejo eficiente de la cosa pública. Y desde luego, menos podrían convencernos a los ciudadanos que quien arrastra tales antecedentes será un buen controlador.