El indicador sustancial de la aparente alianza entre empresarios se aprecia con la modificación de la normativa del cobro electrónico. En 2014, Cartes emitió un decreto con el cual delegó atribuciones del Viceministerio de Transporte a una sola firma, a la que dio potestad de controlar a las concesionarias que usarían el sistema.
Al parecer, esa normativa no agradó a los transportistas y estos pidieron cambiarla. En 2017, con el argumento de “promover la competencia”, se publicó un nuevo decreto, vigente hasta hoy, que anuló el del 2014. El mismo mantiene la tercerización de funciones del Estado y le deja sin facultad de sancionar a las compañías habilitadas como operadoras. De esta manera, hay dos prestadoras del billetaje: Epas (Cetrapam), vinculada a Pronet y que pertenece al Grupo Cartes, y TDP SA, con sus tarjetas Jaha y Más, respectivamente.
Pero, ¿por qué el profundo interés sobre el servicio? Posiblemente por el enorme negocio que representa. Cada pago de pasaje que se realiza con los plásticos (validación) genera una comisión del 6% para las operadoras y que, conforme a los datos oficiales, solo en Área Metropolitana representa un volumen de US$ 4 millones al año.
La cifra se inflaría aún más si se extendiera el sistema a todo el país, que es lo estipulado en la Ley N° 5230 de implementación del billetaje electrónico. Esa comisión del billetaje –que significa lucro para las empresas–, en otros países va a un fondo que constituye un fideicomiso para subsidios del pasaje y adquisición de tarjetas, entre otros gastos. De esta manera, en otros lugares como Montevideo, Uruguay, hay menos presión sobre el fisco para contener el precio del pasaje y de las tarjetas que adquieren todos los pasajeros. Dicha ciudad lleva más de quince de años de uso de ese sistema. La primera tarjeta es gratis para todos los ciudadanos, vinculada a su documento de identidad. Si el usuario la pierde, la siguiente le cuesta el precio de dos boletos. También puede pagar pasaje en efectivo, aunque más caro.
Mientras que en Paraguay, el plástico cuesta al menos 15 veces el precio del pasaje y es el único medio para acceder al servicio, y con varias quejas de la prestación privada. La tarjeta es la “llave” para acceder a un derecho universal del transporte.
Idear un negocio netamente lucrativo a costa de una prestación imprescindible, con demanda asegurada y mayormente de la población más pobre y vulnerable del país es, al menos, inmoral.
Nos prometieron modernidad y mejor servicio con el billetaje. Sin embargo, el caso pasajeros fantasma descubrió la cara más asquerosa de la clase política y gremial transportista: el descontrol del subsidio, la legalización de reguladas y disminución de las multas por esas infracciones. Incluso se tolera que las concesionarias sigan operativas a pesar de millonarias deudas a diversas instituciones públicas, como SET e IPS.
El Estado ni siquiera dispone del mecanismo para controlar el funcionamiento del billetaje, que es el Centro de Monitoreo, un software que muestra cantidad de pasajeros y buses operativos, kilometraje recorrido y otros datos importantes.
En este contexto, ya veremos si el gobierno de Santiago Peña establece reglas que prioricen los intereses del país, aunque amenace el “pacto de oro” que habría entre Horacio Cartes y Cetrapam.
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