Ante este escenario las autoridades no son de mucha ayuda cuando se trata de encontrar los primeros auxilios jurídicos. Poco o nada hacen los fiscales quienes, al menos en los últimos dos episodios, no han demostrado voluntad por al menos escuchar y catalogar las amenazas como algo grave y serio.
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A finales del año 2016 se había realizado la primera reunión para conformar lo que luego de conocería como Mesa para la Seguridad de Periodistas a instancias de la UNESCO, mediante un documento firmado por los poderes del Estado que se comprometían a brindar mayor seguridad a la labor periodística luego del asesinato del colega Pablo Medina.
Al año siguiente esa idea se consolidó y la primera prueba de fuego fueron la agresiones a 22 periodistas en el marco de lo que se conoció como las protestas del 31M o la revuelta por la “Enmienda de Sangre”. Desde entonces también ocurrieron tres asesinatos de periodistas en la zona fronteriza con el Brasil y se han producido numerosos casos de amenazas. Algunos colegas, incluso, ante la inacción de los organismos de seguridad, han abandonado la zona.
Ante estas circunstancias el sentimiento de impotencia se apodera de quienes se esfuerzan por mantener la seguridad de los colegas pero que nada pueden hacer para que los demás componentes estatales de la Mesa hagan algo más que solo figurar y mostrar que supuestamente están cumpliendo con los estándares internacionales; pero en la práctica dejan a las víctimas abandonadas a su suerte.
No se puede decir que los agentes de justicia no están capacitados. Muchos han participado de jornadas en la cuales se llenaban la boca hablando de lo importante que es tener una prensa libre. Pero que a la hora de la verdad se desentienden del tema. Esta falta de voluntad es al parecer porque están más preocupados por complacer al poder de turno (legítimo o de facto) dejando en aguas de borraja los casos denunciados y abandonados a su suerte a los periodistas víctimas de los integrantes de la mafia de las Amenazas S.A.