Son las contradicciones propias de la lucha política en la que generalmente no se defienden principios, sino a personas y grupos, más en este instante en el que estamos a solo cinco semanas de las elecciones generales del próximo 30 de abril.
Si es de perogrullo recordar que el gobierno estadounidense puede sancionar en su territorio a quien quiera, también es justo reconocer el impacto que tienen anuncios y sanciones de este tipo localmente por provenir de esta potencia mundial.
Lo que sin duda particularmente esperamos es poder conocer más detalles de los casos en los que se acusa de significativamente corruptos a funcionarios y exfuncionarios, para que también localmente el sistema de justicia no pueda mirar para otro lado.
En los últimos tres casos de la semana que termina, el de Édgar Melgarejo parece ser el más claro.
El expresidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) es acusado en un proceso judicial de haber realizado compras sobrefacturadas con fondos públicos durante la pandemia para obtener un beneficio personal. Una práctica que conceptualmente definimos en ese contexto como de alta traición a la patria por aprovecharse de una emergencia nacional para medrar.
Parece ser el más claro, decíamos, ya que queda la duda sobre si hay otros casos descubiertos y documentados por el gobierno estadounidense.
En los casos del abogado Jorge Bogarín y el funcionario Vicente Ferreira, la acusación es más genérica ya que el documento oficial habla de que interfirieron en procesos judiciales para beneficio personal, socavando la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.
El concepto lleva a pensar si no se estaba comenzando a reproducir un modelo similar al del “partner” Raúl Fernández Lippmann, y su jefe, el entonces, oh coincidencia, poderoso presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Óscar González Daher.
Buscando un antecedente directo encontramos el de la destitución del fiscal Jorge López, quien en 2019 imputó al funcionario Vicente Ferreira por la falsificación de un documento.
Ferreira denunció luego al fiscal ante el Jurado de Magistrados, y éste lo defenestró, con el voto del preopinante Jorge Bogarín como articulador de la destitución.
El fiscal luego falleció de una enfermedad a la que según sus hijas no pudo hacer frente con más fuerza, al quedar sin la cobertura de la seguridad social por haber sido destituido.
Son casos en los que por el momento nos queda la curiosidad de saber varios detalles más, que se agregan a la acusación de corrupción desmedida contra el expresidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez, en los que queremos conocer por ejemplo la nómina de aquellos que según el gobierno de EE.UU. recibieron hasta 10 mil dólares para apoyar la candidatura de Horacio Cartes antes de las elecciones de 2013 o los legisladores que cobraron sobornos en efectivo de entre 5 a 50 mil dólares cuando Cartes ya era presidente.
O saber quiénes recibieron la promesa de un millón de dólares para comprar los votos de los congresistas para apoyar la reforma constitucional para buscar su reelección.
O saber quiénes son los opositores a quienes sobornó con hasta 50 mil dólares mensuales para apoyar proyectos de su interés ya como expresidente.
O saber a qué funcionario Juan Carlos “Charly” Duarte ofreció un soborno, cuando era asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá, para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente Hugo Velázquez y a sus intereses financieros
Dependerá de la voluntad del gobierno de Estados Unidos dar a conocer más detalles, y de su confianza en la gestión del nuevo Fiscal General del Estado que esta semana reasignó varias importantes causas a nuevos fiscales.