La llamada Ley de financiamiento político fue promulgada con la finalidad de controlar el origen de los recursos destinados a las campañas proselitistas a modo de evitar que fondos provenientes del narcotráfico, contrabando y de otras actividades ilícitas incidan en la contienda electoral.
La normativa exige a los candidatos presentar un presupuesto de campaña antes de los comicios y una rendición de cuentas después de las justas electorales. Los informes deben detallar la cuantía del dinero y recursos de logística, sean propios o de aportes, con identificación de los donantes.
Sin embargo, la mayoría de los candidatos “maquillan” sus informes para aparentar un austero plan electoral, cuyos montos declarados no alcanzarían ni para pagar los carteles y gigantografías a juzgar por el despliegue de las actividades proselitistas.
En el Dpto. del Alto Paraná, los dos candidatos a gobernador que vencieron en las internas de sus partidos comunicaron gastos por menos de G. 50 millones. Los postulantes de la ANR a diputado en el décimo departamento también declararon montos inferiores a G. 50 millones y todos afirmaron que solo gastaron su dinero, sin mencionar a los financistas.
Los colorados Emiliano Nelson Cano Aguayo, Luis “Tikki” González Vaesken y Bettina Aguilera, todos postulantes a diputado, emprendieron actos de gran envergadura en las internas. Sin embargo, informaron gastos iguales a los otros candidatos que tuvieron una modesta campaña.
Arranca otra campaña con miras a las elecciones generales del 30 abril y los candidatos nuevamente declararon exiguos presupuestos. Y pensar que algunos de ellos se convertirán en autoridades públicas con un mandato de cinco años y administrarán recursos del pueblo.
Así como prometen honestidad, compromiso y patriotismo en los actos proselitistas, los candidatos tienen el deber de transparentar sus gastos de campaña y revelar quiénes son sus financistas. En tanto, la ciudadanía debe estar atenta a la actuación de los postulantes y castigar con su voto a aquellos que intentan eludir con informes dudosos el control del financiamiento de campaña electoral.