El plan contra la libertad de prensa es una conocida estrategia para impedir la información, eludir la transparencia y asfixiar la democracia.
Prolongar el mandato de los intendentes es acumular poder en quien lo tiene. Hábitos con sabor a dictadura.
Conociendo los antecedentes familiares del Presidente del Gobierno, tampoco extraña lo que sucede en la educación nacional. Descaradamente se violan la Constitución Nacional y las leyes y todos los y las responsables siguen impunes. ¿Cómo pueden dirigir la educación quienes incurren en el delito de desacato a la Ley Suprema, quiebran el ordenamiento jurídico, el Estado Social de derecho y destruyen la democracia?
Se viola el artículo 73 de la Constitución Nacional (CN) y el primero de la Ley General de Educación (LGE) porque la educación nacional vigente no es integral ni permanente. Se viola ese mismo artículo y el 113, porque no hay educación para la cooperación.
Igualmente se viola el artículo 74 de la CN y 3 de la LGE que garantizan la educación religiosa, eliminada arbitrariamente, sin consulta a los padres, desde el gobierno de Horacio Cartes. En ese mismo artículo el Ministerio y el PNTE violan además el mandato del pluralismo ideológico, al imponer con la Agenda 2030 la ideología de género, objetivo explícito de dicha agenda.
Pervirtiendo el espíritu y el texto del artículo 75 de la CN, el MEC y el PNTE adjudican al Estado atribuciones que prioritaria y esencialmente le pertenecen a la sociedad y a la familia, ignorando que el Estado y, con más razón, el gobierno, están al servicio de la sociedad y en educación solamente les corresponde ser subsidiarios. El gobierno y los responsables del PNTE se adueñaron de la educación y atropellan el derecho y el deber de los padres.
EL artículo 76 de la CN dice que el Estado es responsable de la organización del sistema educativo “con la participación de las comunidades educativas de las distintas instituciones educativas”, lo que explicita la LGE en ocho artículos (entre el 7 y el 22) describiendo su constitución, atribuciones y responsabilidades. El hecho es que nada de esto se cumple. Como en las dictaduras los gobernantes eliminan las estructuras intermedias para dejar a la sociedad atomizada, sin organización y, por tanto, sin poder social y político ni posibilidades de participación. Como en las dictaduras totalitarias, en el ámbito de la educación, nuestras autoridades gobiernan con decretos del Poder Ejecutivo y resoluciones del ministro, evitando y contraviniendo las leyes que no les convienen para sus decisiones arbitrarias y autoritarias. Así sucede con la eliminación de los consejeros del Consejo Nacional de Educación y Ciencias (CONEC), que desde el 24 de enero de 2017 está vacante y este gobierno no ha tenido tiempo en cinco años para cubrirlo, a pesar de que once artículos de la LGE (del 92 al 102) y cuatro de la Ley Orgánica del MEC (22 al 25) exigen la existencia de dicho Consejo.
Pero sí tuvieron tiempo las autoridades educativas para crear, mediante decreto del Ejecutivo, el Comité Estratégico para el diseño del Plan de Transformación Educativa, usurpando para él funciones que ambas leyes citadas le adjudican en exclusiva al CONEC. A los dictadores no les importa violar leyes y gobernar con decretos con su firma personal: su voluntad es la ley.
Últimamente se agravó la situación, porque en vez de decreto, los candidatos a ser miembros del CONEC han sido convocados mediante Resolución del ministro, creando una Comisión “Ad Hoc”, para ocuparlos en alguna de las funciones que solo les corresponde legalmente a los consejeros del CONEC, que no existen. Es decir, en la educación nacional no se gobierna por ley, ahora ni siquiera por decreto del Ejecutivo, sino por Resolución del ministro.
El Sr. ministro debe saber que más de cuatro millones, entre padres y abuelos de estudiantes, le piden que ponga orden, ética y democracia; y, si no puede, que renuncie.