Los delitos contra el patrimonio del pueblo deben ser imprescriptibles. Para evitar lo que también ocurre con demasiada frecuencia: que este tipo de delitos muchas veces se extinguen porque caen bajo el peso de las chicanas jurídicas con las que abogados alquilados por esos bandidos bastardean su delicada función de auxiliares de justicia, con la complicidad en el silencio, o en la corrupción, de jueces timoratos a venales.
La condena de estos cinco “ordeñadores” de combustibles –apenas unos “rateros” en la escala nacional del bandidaje– a primera vista parece una auspiciosa señal de compromiso de la Fiscalía y el Poder Judicial con la tarea que les asigna la sociedad.
Sin embargo, hilando un poco más fino, podemos leer entre líneas que nuestro sistema es “eficaz” para atrapar a los bandidos de poca monta, pero es vergonzosamente inútil y maleable frente a los bandidos de “poder” político.
Hay algunos casos notorios de delitos contra el bien público que están varados en los gabinetes del Ministerio Público, como el del millonario faltante de dinero en las arcas municipales detectado durante una auditoría externa y denunciado en el año 2017. Este caso podría poner en aprietos a los cuatro intendentes que se sucedieron en el cargo durante el periodo 2010-15, y que pareciera va camino al famoso y paraguayísimo “oparei”.
También el caso de lesión de confianza que afecta a exfuncionarios de Hacienda y Tesorería, quienes se autoasignaban aumentos de salarios y otras menudencias, que ahora irá a un nuevo juicio.
El mensaje de la Justicia parece ser “palo a los ladrones de gallinas”, y premio de impunidad para los ladrones de guantes blancos. Para quienes no solamente roban dinero del pueblo, sino roban las esperanzas de vivir en un país más justo, honesto y democrático. Donde no existe justicia, no puede prosperar la democracia ni puede haber paz.