Pero deberíamos preguntarnos si ¿se pudo evitar?
En un país en el que rigen el Estado de derecho y las leyes, la seguridad de los bienes jurídicos, como la vida y la integridad de una persona, son prioridad para el bienestar de la ciudadanía y la convivencia de las personas.
Sin embargo ¿rige esta regla básica en Paraguay?
Solo basta mirar portales digitales, escuchar la radio y ver la televisión, y ni siquiera ir tan lejos, porque al simplemente salir a hablar con los vecinos de una zona, los asaltos y robos son el pan de cada día.
La Policía Nacional, institución encargada de velar por la seguridad ciudadana, deja abandonada a su suerte a las personas, en una situación en la que cada uno debe buscar la manera de cuidar su bien jurídico más preciado, la vida y la de su familia.
La misma fiscal del caso había declarado en la radio que serían varias las víctimas de los motoasaltantes. Es decir, se tenía conocimiento de un par de fechorías de motochorros, pero nada se hacía al respecto.
Ante los reclamos por la inseguridad, jefes policiales de algunas zonas de Asunción se excusan en que no cuentan ni con el personal necesario, ni la infraestructura, vehículos y otros elementos. Es tan triste el relato, que hasta dan ganas de hacer las famosas polladas utilizadas para solventar gastos en salud, para proveer de recursos a la policía.
Sin embargo, es evidente la falta de voluntad por parte de las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana. El déficit en cuanto a condiciones óptimas siempre existió, pese a eso, nunca estuvimos ante una situación en la que hacer una minicarga, o estar en nuestros hogares, sigue siendo un riesgo casi mortal ante la impunidad con la que se manejan los delincuentes.
Este abandono en el que nos tienen la policía y otros órganos de seguridad, empujan a la sociedad cada vez más a una situación en la que el uso de la legítima defensa termina siendo una constante ante la ola de inseguridad que vive la ciudadanía.