Nadie, por un mismo artículo y la misma calidad, va a pagar el más caro sólo porque tiene etiqueta nacional. No es asunto de los consumidores reprimir el contrabando. Es enteramente humano elegir el precio más conveniente. Para combatir el contrabando el Estado cuenta con muchas instituciones e instrumentos capaces de prevenir, impedir, castigar los ilícitos.
En las localidades ribereñas la Marina tiene la función de impedir el ingreso de mercaderías carentes de los requisitos legales. Pero vemos, una vez más, que efectivos de la Armada de Ciudad del Este encabezan la corrupción cuyos efectos se extienden por todo el país.
Es doblemente delictivo cuando el contrabando daña a los pequeños productores. En estos días hemos leído: “Unos cien mil kilos de tomates están en peligro de perderse en el Departamento de Caaguazú por la saturación de mercado por el contrabando del producto. Los agricultores están desesperados por el poco interés del Gobierno”. Para empeorar lo peor, los pocos productores que lograron colocar sus tomates y locotes, no pueden cobrar a los acopiadores. Contrabandistas, intermediarios, funcionarios, son la plaga inmune a cualquier insecticida.
Son tres los principales mercados para los productos frutihortícolas de Caaguazú: El mercado de abasto, de Asunción; Ciudad del Este y Salto del Guairá. En estas dos localidades, fronterizas con el Brasil, abundan más las mercaderías argentinas que las brasileñas. Al respecto, el diario ABC apunta: “La situación indica que todos los organismos de controles fronterizos y las inspecciones ruteras de la Policía Nacional están fallando en el flagelo del contrabando...” No, no fallan. Los controles se hacen rigurosamente. Se buscan mercaderías sin papeles para cobrar y dejarlas entrar, tal como se ha documentado en los videos del Operativo Tartufo.
El senador Jorge Querey, titular la Comisión Bicameral de Investigación, presentó en rueda de prensa unos 30 videos que registran las “negociaciones” entre comerciantes, funcionarios de Aduanas y suboficiales de la Armada. Son las pruebas que corresponden al Operativo Tartufo del año pasado. Querey indicó que muy pocas personas fueron imputadas, de las muchas que aparecen en el video. “Esto forma parte de un esquema de recaudación”, agregó el senador.
Tenemos que entender –o por lo menos yo lo entiendo- que el esquema involucra a otras personas que no aparecen en la grabación. Y las otras personas no pueden ser sino los jefes de quienes fueron filmados. Así lo expresa claramente el senador Querey: “No se investigó a los jefes aduaneros ni al de los contrabandistas”.
¿El comandante de la Armada y el director general de Aduanas nada sabían –nada saben- del comportamiento de sus subordinados? ¿El país se llena de mercaderías ingresadas al margen de la ley y las cabezas de las instituciones nada saben? La responsabilidad no debe reducirse a los autores materiales porque, como lo afirma el senador Querey, funciona un esquema de recaudación. Este esquema incluye los famosos maletines que terminan en lo más alto de la organización delictiva.
Mientras tanto, los productores tiran y queman siete mil kilos de tomates en Villeta porque no tienen a quien vender al precio que les permita, por lo menos, recuperar la inversión. Los tomates argentinos copan el mercado.
El comandante de la Armada dice que fueron superados por los malvivientes. Entonces ya no hay nada que hacer más que entregarnos a los delincuentes para que nos gobiernen, como siempre.