El denunciado es un personal militar, que, según las noticias, presta servicios en la División de Justicia Militar y que a estas horas ya se encuentra detenido a disposición del Ministerio Público. Este es uno de los tantos casos que se han denunciado en lo que va del año y las cifras van en alza. A mayo del 2022, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) había reportado un total de 622 denuncias de abuso; alarmante.
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Hay que leer bien el contexto de estas cifras pues es probable que hayan aumentado exponencialmente desde mayo hasta la fecha. Los casos de abuso no son nuevos en nuestro país, solo que ahora existe mayor posibilidad de que niñas y niños afectados puedan buscar ayuda allende el entorno familiar.
Mecanismos de prevención como la línea gratuita del 147 y otros que se activan en el círculo escolar han permitido que las personas menores de edad afectadas tengan el valor de elevar su voz y romper el tabú del “de eso no se habla para no perjudicar la unión familiar”, o “si no contaste es porque te gustó” o “vos luego le buscaste”.
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Sin embargo, hay que puntualizar que estos mecanismos adolecen aun de una atención integral a los afectados pues por falta de infraestructura, presupuesto, inacción judicial y otros, a veces la víctima termina conviviendo con el entorno familiar que lo estigmatiza y confiere la responsabilidad de que “por su cupla” hay alguien en la cárcel, cuando lo que la víctima necesita es contención.
Otra cosa llamativa es que, de acuerdo al reporte de la corresponsal Emilse Ramírez, Yaguarón es uno de los municipios en el se han presentado la mayor cantidad de denuncias por abuso en el departamento de Paraguarí. La mayoría de los abusos ocurren dentro del entorno familiar, así como escolar pues “recientemente ocurrieron dos casos presumiblemente en instituciones educativas”, dice el reporte.
Y este distrito es también el lugar que nos duele cada 31 de mayo cuando recordamos a Felicita Estigarribia o “Felicita Mandarina”, la pequeña vendedora de frutas quien fue encontrada al pie del cerro Yaguarón violada y asesinada en el año 2004.
El Estado debería tomar más en serio a los niños y niñas que denuncian abuso, y no solo instalar el MINNA porque es una formalidad para cumplir y “ser buenos”. Debe además brindar las herramientas necesarias para que el mecanismo funcione y tenga los profesionales que se requieren porque los que están no dan abasto y la infraestructura adecuada para una contención a la víctima y a la familia, a mediano y largo plazo. De lo contrario, seguiremos lamentando que hayan criminales sueltos acechando a criaturas inocentes.