Menos de mes y medio entre el crimen, la investigación y una sentencia de 23 años y 6 meses de cárcel para los responsables de haber formado parte del grupo que ejecutó el magnicidio judicial en una playa caribeña..
Fue indudablemente un proceso muy novedoso, por su celeridad, para quienes estamos acostumbrados a las chicanas sin castigo, los recursos dilatorios, el lento transitar de expedientes, trabajos investigativos displicentes y sin rigor, y, sobre todo, su majestad la corrupción.
¿Que la legislación colombiana permite este tipo de procesos sumarísimos cuando el acusado acepta los cargos? Pues es cuestión de legislar en función a ello.
Tampoco se trata de creer que el sistema judicial colombiano es una maravilla, sino de entender, recordando toda la presión social que hubo en torno al caso, que cuando existen voluntad y conocimientos es posible acercarse a un ideal de justicia.
Pensábamos en eso al recordar tantos procesos pendientes en nuestro sistema de justicia.
Allí está por ejemplo el caso bautizado popularmente como el del agua tónica milagrosa de Petropar.
Nuevamente la expresidenta de Petropar, Patricia Samudio, y su esposo José Costa Perdomo, lograron postergar esta semana la audiencia preliminar en la que debe definirse si van o no a juicio oral junto a los otros acusados por haber simulado supuestas compras de insumos para la empresa estatal en medio de la pandemia.
Con un cambio de abogado consiguieron volver a retrasar la audiencia hasta el próximo 20 de julio en medio de chicanas que ya les valieron una multa de poco más de cuatro millones de guaraníes a ambos.
Si de la pandemia se trata, otro caso que ya lleva un par de años es el conocido como el de los tapabocas de oro de la DINAC.
En estos días un tribunal de apelaciones finalmente dio vía libre para que un juez de garantías fije una audiencia preliminar en la que se definirá si el expresidente de la institución, Édgar Melgarejo, va o no a juicio oral junto a otros acusados por la compra sobrefacturada de tapabocas durante la pandemia.
El caso está estancado desde hace ocho meses por los distintos recursos dilatorios e incidentes planteados por los abogados defensores.
Tuvieron que pasar también seis años para que se iniciara un juicio con el que una familia busca algo de justicia, tras un oscuro episodio en el que murió una niña de 3 años al recibir un disparo de agentes antidrogas.
Ocurrió en junio de 2016. En una fallida intervención de agentes de la SENAD, estos balearon el vehículo en el que viajaban los miembros de una familia a través de un camino vecinal de Nueva Italia, por creer que iban a bordo supuestos traficantes.
Tras varias chicanas, finalmente siete agentes son sometidos desde hace unos días a un juicio para determinar sus responsabilidades.
Son solo apenas tres muestras, de miles de procesos que se vuelven eternos en nuestro sistema de justicia, por falta de voluntad, conocimientos, o directamente integridad.
Es allí donde se incuba la impunidad. El peor de nuestros males.