El comunicado del Club de Ejecutivos es particularmente grave porque sostiene que “La agenda mediática, intencionada hacia la destrucción de estas garantías” (“la institucionalidad y la vigencia de los derechos básicos de todos los paraguayos”) “nos ponen en peligro a todos los que vivimos en el Paraguay”.
Es evidente que los mencionados empresarios, que solo representan a una pequeña parte de los empresarios paraguayos, desconocen completamente la parte de nuestra Constitución que se refiere a los medios de comunicación que disponen que “Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa… sin censura alguna” (Art. 26); “El empleo de los medios de comunicación es de interés público” (Art. 27) y que “Los periodistas de los medios masivos de comunicación social… no serán obligados… a revelar sus fuentes de información” (Art. 29).
Lo anterior está estipulado y establecido porque “Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime” (Art. 28). La autenticidad de los documentos ha sido reconocida por la misma fiscal general del Estado Sandra Quiñónez y, en la parte que afecta al candidato del grupo Cartes a la presidencia de la República, Santiago Peña, por el abogado del grupo Cartes para su caso, Ricardo Preda.
Luego, es información veraz, responsable y ecuánime (“Ecuanimidad 1. f. Igualdad y constancia de ánimo. 2. f. Imparcialidad de juicio”). Los medios que estamos publicando las filtraciones estamos entrevistando asiduamente a voceros oficiales del grupo Cartes para que den al público su versión de los hechos.
La doctrina democrática sobre publicación de documentos oficiales “secretos” en medios de comunicación fue consolidada en ocasión de la publicación de los “papeles del Pentágono” por el New York Times y el Washington Post (antes de que se vendieran a sus actuales propietarios) por la Corte Suprema de Estados Unidos en el célebre caso “New York Times Co vs United States #1873″ de 1971 (1).
Este lamentable desconocimiento, deliberado, de parte de este pequeño grupo de empresarios sobre el papel de los medios en una sociedad democrática, simplemente confirma la peligrosa deriva autoritaria de estos minúsculos y no representativos gremios. (2).
En vez de levantar la voz contra el peligro que el lavado de dinero supone para la libre competencia y la igualdad de oportunidades, el Club de Ejecutivos y la Unión Industrial hacen causa común con el grupo Cartes que, con el dinero mencionado en el informe filtrado, está dejando fuera de mercado a numerosos empresarios auténticos.