En diversos artículos, dispone los derechos que corresponden al pueblo por ser soberano. El artículo 28 dice que “las fuentes públicas de información son libres para todos” y que la información debe ser “veraz responsable y ecuánime”.
La ley 5282 de 1914, sobre la transparencia y el derecho al acceso a la información en las instituciones públicas, urge el mandato constitucional, lo que en 1998 hizo la Ley General de Educación (artículo 22) para el sector educativo.
El hecho es que el Ministerio y los responsables del Proyecto de Transformación Educativa violan este derecho del pueblo soberano. El artículo 22 de la LGE dice que los maestros, alumnos, padres y sociedad deben conocer los resultados de las evaluaciones y las informaciones que permitan medir el desarrollo de la educación.
¿Están informados los maestros, alumnos, padres y ciudadanos de cuántos miles de millones de dólares se han gastado en los cinco años que viene funcionando el Comité Estratégico, los equipos y mesas técnicas y funcionarios que trabajaron y trabajan en el Proyecto de Transformación Educativa? ¿Cual es el producto de tantas personas, tanto dinero y años? ¿Se ha informado qué han aportado las dos universidades extranjeras contratadas y cuántos cientos de miles de dólares les paga el Proyecto de Transformación? ¿Se ha informado por qué este Proyecto, que debió acabar en el año 2020 se prolongó hasta marzo de este años y de nuevo se prolonga hasta septiembre?
Todos los funcionarios del Estado, desde el Presidente de la República hasta el último recién integrado a la función pública cobran sueldos del dinero que aportamos los ciudadanos, son empleados del pueblo soberano, por eso es necesario que den cuentas de los fondos que se le confían para su trabajo.
Los ciudadanos tenemos derecho de saber qué ha pasado con los 86 millones de euros (688.000 millones de guaraníes), que Europa ha donado para la Transformación y la educación de los sectores sociales menos favorecidos.
El pueblo soberano tiene derecho de saber por qué el Presidente de la República y el Ministro de Educación Ciencias de turno en este Gobierno no cumplen el mandato de la Ley General de Educación en los artículos 92 a 107 y de los artículos 22 a 25 de la Ley Orgánica del MEC, que obligan a nombrar consejeros para el Consejo Nacional de Educación y Ciencias (Conec), que quedó vacante desde el 24 de Enero de 2017, el día que se promulgó la Ley Orgánica del MEC, y han pasado más de cinco años sin Conec, consejo número uno del sistema educativo.
Pero en cambio han creado, por simple decreto del Presidente, el Comité Estratégico con sus equipos y mesas técnicas para la Transformación Educativa, contraviniendo así las dos leyes citadas,
El pueblo soberano tiene derecho a que en las instituciones educativas públicas y privadas, a donde van sus hijos para ser educados integralmente, se constituyan formalmente las comunidades educativas, de acuerdo al mandato de siete artículos de la LGE y el artículo 76 de la Constitución Nacional.
Y más aún, los maestros, los alumnos, los padres, los directivos, los administradores y egresados de las escuelas y colegios tienen derecho a ser consultados permanentemente por el Estado antes de definir y fijar las políticas educativas del gobierno (art. 19), y a participar en la organización del sistema educativo, de acuerdo al mandato del artículo 12 de la LGE y el 76 de la Constitución, lo cual no sólo no se cumple, sino que ni siquiera pasa por la mente de las autoridades y responsables de la educación nacional de nuestro país.
Y para rematar a la soberanía del pueblo, el Gobierno firmó, sin consultar a los ciudadanos, e impuso la Agenda 2030, incluyendo la mortífera “ideología de género” y violando el artículo 74 de la Constitución Nacional.
La soberanía y derechos del pueblo están enterrados por los responsables del Proyecto de Transformación y las autoridades educativas, precisamente los pagados por el pueblo para que eduquen en civismo, derecho y justicia.