Las distintas autoridades no muestran ni arrepentimiento ni vergüenza por no pregonar siquiera que terminen los saqueos al Estado, lo cual las ubica como sospechosas de complicidad o encubrimiento ante los ojos de la ciudadanía. Es como si los mismos “padrinos” mafiosos dieran órdenes para que todo siga igual y son obedecidos.
Hay todavía, por ejemplo, gobernadores que hacen desaparecer caudales oficiales mediante burdas confabulaciones y siguen fuera de la cárcel como si se tratase de gente decente. Se burlan de la población (especialmente de sus votantes) y de las leyes al hacer compras de productos de empresas propias o de “amigos”, además a valores excesivos. Y lo mismo ocurre con intendentes o exintendentes. Algunos de ellos logran que sus cónyuges sean sus sustitutos y ambos se confabulan para intentar ocultar los evidentes latrocinios de sus parejas que solo los fiscales no ven, no se animan a enfrentar o tienen el mandato de no investigar.
Y están algunos pseudoempresarios “graduados” en las escuelas de la mafia que acaparan los más diversos contratos oficiales y, pese a tener antecedentes de haber estafado, sobrefacturado, de no cumplir sus contratos o de que no sirvan los bienes o servicios proveídos, siguen participando campantes en las licitaciones sin ser vedados de por vida. Si hay suerte, algunos son suspendidos por breve tiempo para las licitaciones o contratos directos y cuando regresan siguen con los mismos ilícitos y las artimañas.
Por acción de aquellos sujetos que causan repugnancia es que el Paraguay es tan desigual. El bienestar debería ser ya generalizado si no existiesen tantos ladrones del erario.
Todos aquellos robos no ocurrirían más si hubiera líderes de verdad en los altos cargos, que no sean cómplices o que no estuvieran manejados por alguna junta de rufianes. Los responsables de las instituciones afectadas después dicen que el dinero no les alcanza para hacer su trabajo. ¿Será que mienten?