La apuesta de la Cancillería consistió en intentar convencer al Gobierno brasileño para agavillarse y mantener coactivamente, prescindiendo de las reglas del mercado, una tarifa política en Itaipú, extrayendo forzosamente ese dinero adicional a paraguayos y brasileños. Por su parte, los representantes brasileños insistieron en cumplir y no pisotear el Anexo C, como pretendía nuestra Cancillería.
La idea subyacente de la propuesta de la Cancillería es simple. Aumentar los irregulares fondos socioambientales desde los actuales US$ 20 millones, con unos US$ 1.000 millones anuales adicionales, cubiertos con un 12% desde las billeteras paraguayas y con 88% desde las billeteras brasileñas. Esto sería para cubrir el déficit fiscal y –el plato principal– continuar con los chanchullos de la horda politiquera que necesitarán financiamiento para las próximas campañas electorales.
Este perverso plan recaudador de RR.EE. está basado en una consciente violación del Anexo C, lo que lo vuelve más peligroso aún. Este intento de hacerse con ese dinero extra, manteniendo la tarifa, se lograría inflando el gasto socioambiental. De esta forma, en lugar de bajar la tarifa, por la reducción del costo del servicio en un 60% previsto para el 2023, se tragarían ese importe entre ambos gobiernos.
Este plan es perjudicial para el ciudadano paraguayo, la industria, los productores, el comercio e inclusive para la ANDE. Según RR.EE., los paraguayos deberíamos pagar más por la electricidad. Contrariamente, según el Anexo C, deberíamos pagar menos.
La persistencia en el error. Acevedo continuó la senda histórica marcada por sus antecesores, que solo hizo conocer al Paraguay de pérdidas de oportunidades. No tuvo ninguna iniciativa superadora que rompa esta perjudicial tradición de ir a contramano de las tendencias globales y regionales en materia de apertura de mercados eléctricos, que es la herramienta fundamental que se precisa para el abordaje de fondo del asunto Itaipú.
Es un grave error político que la agenda Itaipú sea conducida con una completa desconexión del contexto mundial y regional en materia de apertura del mercado energético. La línea política de la Cancillería es rechazar todo intento de construir institucionalidad a través de mercados eléctricos libres.
A Acevedo no se le conoce ninguna iniciativa o gestión para coordinar, con otras entidades del Estado, la construcción de una mínima institucionalidad para mejorar las chances paraguayas en Itaipú. Por el contrario, se lo notó transpirar abundante sudor estatista, evidenciado mediante sus verborrágicas consignas antimercado, digno de cualquier piquetero de la avenida 9 de Julio.
Este anticipado fracaso de Acevedo, que terminará arrastrándonos a todos, se debe también a la anteposición de objetivos políticos clientelares por sobre los intereses de una política energética moderna, que brilla por su ausencia. Acevedo se manifestó abiertamente en favor de sostener al ineficiente monopolio de ANDE, y evitó coordinar esfuerzos para democratizar el sector eléctrico. Eludió considerar crear un mercado eléctrico libre y competitivo, para subastar los excedentes en territorio paraguayo.
El Grupo Asesor Técnico de la Cancillería, de actuación insípida a mediocre, con muchos aduladores y acomodados, pescadores de río revuelto, sirvió meramente para calmar a la opinión pública, enardecida por los eventos del affaire del acta bilateral del 2019 y la percepción generalizada de una total inacción de la actual administración.
Dichos asesores no han producido un solo documento donde podían recomendar cómo implementar urgentemente el mercado eléctrico paraguayo. Esta premeditada desidia se explica fácilmente por la prioridad dada a los objetivos políticos mencionados, traducidos en forma de clientelismo y prebendarismo.
Acevedo ya se sinceró declarando que pretende mantener a los paraguayos sin su derecho a elegir. Confesó ser un desconfiado del mercado, defensor de uno de los sistemas monopólicos más antiguos de América, la ANDE, que compite con la “Unión Eléctrica Cubana”, tanto en longevidad, abuso y mal servicio, así como en el nivel de obstáculos que ofrecen a las libertades económicas. Una clara demostración que no apunta a ser un moderno político reformador promercado sino más bien a ser uno de los tantos promotores del más rancio intervencionismo mercantilista, admirador del perimido modelo Estado empresario del siglo pasado. O sea, es parte del problema.
Este fiasco político de Acevedo no será precisamente su mejor credencial para liderar una concertación electoral que –se presume– necesitaría de dirigentes capaces, renovadores, dinamizadores de la economía, con vocación integracionista, promotores del mercado y de la apertura comercial con los vecinos y el mundo.