Desde Areguá, Luque, Fernando de la Mora, desde la misma Asunción, por citar los casos más recientes, desesperados pobladores se comunican a menudo con la redacción de nuestro diario para manifestar que están pasando malos momentos debido a los altos decibeles de parlantes, acompañados por griteríos de personas, y que pese a los llamados a las instituciones policiales no reciben el auxilio reclamado con insistencia.
Un senador nacional hace algunos años había manifestado, en diálogo con el periodista de una radioemisora, que cuando estuvo de visita en una ciudad brasileña fronteriza con Paraguay fue detenido por la policía por escuchar música. Pero lo cierto es que no habrá sido solo por oír la canción de su agrado, sino por el excesivo volumen en que la puso en su equipo de sonido. Si en otros países se protege así al poblador, ¿por qué en Paraguay no se puede tener lo mismo?
Un vecino del barrio San Vicente de la Capital, víctima de la desconsideración de otros residentes, hace unos días fue uno de los que se comunicó con ABC para testimoniar el calvario que sufre por los ruidos molestos, y citó que hay varias leyes que le amparan. Sin embargo, esas disposiciones no sirven si ninguna institución pública las hace cumplir; no se castiga a persona alguna. ¿O sí?
El preocupado poblador mencionó que la ley 6390 promulgada en 2020 establece que de oficio la Policía debe intervenir en los casos de polución sonora, labrar acta con los datos de los infractores y remitirla al Ministerio Público. Una normativa más añeja, la ley 1100/97 también determina lo mismo que lo anterior. Además hay ordenanzas municipales al respecto.
¿Quién no gusta de la sana diversión, de los festejos familiares, de las musiqueadas, de los encuentros entre amigos? Pero todo eso debe hacerse sin molestar a los demás.
Y es llamativo que agentes y jefes policiales aparentemente no quieren hacerse cargo de denuncias realizadas por afectados por ruidos molestos.