Otros reciben órdenes o “sugerencias” de politicastros corruptos, de “padrinos”, incluso de reos, según se ha denunciado o puesto en evidencia en no pocas ocasiones, aparentemente a cambio de devolución de favores o de coimas millonarias. También están los que cometen prevaricato para favorecer a una de las partes. Esto no sería por desconocimiento de la ley, aunque es posible, pero generalmente sería por dinero.
Los del segundo y tercer grupo citados no solo tienen que ser expulsados, ello es absolutamente insuficiente, sino que deben ser procesados penalmente y condenados a prisión, por corrupción. Esos defraudan a la ciudadanía y deshonran tan importante cargo. Merecen, con claridad, una sanción ejemplificadora.
Hasta ahora al parecer no ha habido juez o fiscal investigado/imputado que haya sido encarcelado en el país. ¡Se las arreglan para seguir libres!
Hemos visto ya en la posdictadura stronista que hay magistrados que enaltecen sus importantes cargos, que han obrado según la ley sin temor alguno. Estos inspiran respeto. Los otros, los que claudican fácilmente ante los “pedidos” tal como se ha corroborado, por ejemplo, en los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de cuando su presidente era Óscar González Daher (+), merecen repudio y prisión.
Dicho Jurado, que tiene la potestad de defenestrar jueces y fiscales, lastimosamente sigue teniendo actuaciones zigzagueantes, dudosas, que hacen notar su fragilidad y/o complicidad selectiva. Así lo hizo saber también un exjuez de Alto Paraná el jueves.
Además, en nuestro país ya existieron hasta ministros de la Corte Suprema que se asemejan más a personas del submundo que a intelectuales. Alguno que otro está denunciado hasta por pedido y/o cobro de sobornos, con pruebas, pero sigue impune. Sin embargo, aún es posible que sean sancionados tal como sucedió con el famoso clan luqueño.