El martes último leíamos en ABC que más de 400 alumnos de una escuela estatal de Itauguá, la número 2959 Mbokajaty Sur, reciben la enseñanza de sus docentes bajo árboles o a la intemperie debido a que todo un pabellón en el cual se encuentran sus aulas corre riesgo de derrumbarse.
Y pese a los reclamos que realizaron los directivos y padres de estudiantes, según señala la nota periodística citada, ninguna autoridad se interesó ni obró como para que la edificación sea reparada y se puedan dar clases ahí. En similar situación a esa sede están numerosos establecimientos educativos oficiales más.
Hay casos en que las mismas construcciones fueron mal hechas y a costos elevados artificial y criminalmente. Aun siendo nuevas algunas, corren peligro de desplomarse. Y un ejemplo de ello fue la caída en 2015 del techo de un colegio nacional de Lambaré, cuya edificación fue realizada con dinero público (del Fonacide) por la Intendencia Municipal, lo cual generó el enjuiciamiento y condena a 4 años de prisión (todavía no finiquitada) de quien entonces era el intendente de dicha ciudad, Roberto Cárdenas. Este había sido acusado por lesión de confianza por aquel caso, por la supuesta sobrefacturación de la obra.
Aquel derrumbe sucedió cuando los alumnos recibían clases, sin que ninguno, por fortuna, resultara herido de gravedad.
Profusamente se publican casos de malas construcciones de escuelas y colegios y posibles estafas al Estado, así como obras nunca terminadas pese a que ya se pagó por ellas, y ningún jerarca se atreve a planificar cómo evitar que ello vuelva a ocurrir. Menos aún reclaman el enjuiciamiento y encarcelamiento de los ladrones o estafadores responsables de aquello. ¿Es porque hay complicidad y coimas?
El Poder Ejecutivo, más las municipalidades y gobernaciones que reciben dinero para mejorar las edificaciones escolares son culpables de dicha situación, por acción u omisión. Y merecen castigo ejemplar. ¿Sí o no?