No pasaron 24 horas para que comenzáramos a recibir denuncias de que algunos concesionarios de la empresa estatal, que explotan estaciones con su emblema y consiguientemente reciben miles de litros de combustibles subsidiados por día, estaban cargando nuevamente en sus cisternas el diésel y la nafta recibidos, para transportarlos hasta sus otras estaciones de otros emblemas para venderlos al público al precio del mercado.
El negocio es apetecible y la competencia con otros claramente desleal.
Son más de dos mil guaraníes de diferencia por litro, entre el precio al que les entrega los combustibles la empresa pública, y los precios que le cobran al público en esos emblemas privados.
Además de que la maniobra infla la demanda de combustible subsidiado a Petropar e impide que el producto llegue al destinatario real del subsidio.
“No podemos garantizar que esto no ocurra... pero estamos tratando de evitar” nos respondió en la 730AM el presidente de Petropar, Denis Lichi, ante la pregunta sobre qué es lo que estaban haciendo para intentar evitar la fuga de los combustibles subsidiados a estaciones privadas.
Al día siguiente establecieron un tope de entrega de 15.000 litros por día de cada tipo de combustible subsidiado a cada una de sus estaciones, y fijaron la prohibición de que en estaciones de su emblema se carguen la nafta y el diésel en bidones, aunque las medidas tampoco garantizan que los combustibles subsidiados sigan siendo vendidos a otros precios en otras estaciones.
A estas alturas es una obviedad decir que la distorsión del precio de mercado es uno de los principales problemas de los subsidios, pero es importante reafirmar que el problema es mayor en un escenario en el que existen otros actores ofreciendo el mismo bien o servicio, quienes padecen las consecuencias de la distorsión y la competencia desleal.
En el caso de Petropar hay sin embargo al menos un tope. Sabemos que como máximo durará tres meses de acuerdo a la ley.
Pero existe otro subsidio que sigue creciendo porcentualmente y para el que no existe un plazo definido.
Es el de los ómnibus del área metropolitana, que rige exclusivamente, hay que recordarlo, para las empresas que son concesionarias del Viceministerio de Transporte.
Es un subsidio que además de ser regional es parcial, si queremos ponerlo en estos términos, ya que excluye a todas las empresas que trabajan en ciudades del área metropolitana (Gran Asunción), pero que son concesionarias de las municipalidades.
Es solo cuestión de mirar los números de los desembolsos del Estado para constatar que hoy se entregan como subsidio a los transportistas beneficiarios, más de mil quinientos y más de mil novecientos guaraníes por pasajero transportado dependiendo de si el servicio es convencional o diferenciado.
Y generalmente aumenta mes a mes, con el argumento de que obliga a los empresarios a trabajar formalmente para poder cobrarlo, pero con la realidad de que también el pasaje se encarece aunque esa suba está camuflada para el pasajero que viaja diariamente.
Todo esto en medio del discurso de que el pasaje no sube. Mentira. Se sigue encareciendo.
Pero es un maquillaje económico que evita que con el golpe directo al bolsillo se generen protestas ciudadanas y las críticas a las deficiencias del servicio prestado.