Reivindico totalmente el derecho de Guachiré a publicar los audios y videos que lleguen a sus manos y estoy totalmente en desacuerdo con los que pretenden criticarlo por hacerlo. Es su derecho y es derecho de la sociedad acceder a esa información.
Mi punto en este tema es otro: De dónde vienen los audios y cuál es su propósito político.
El viernes compartí, en la 98.5 ABC FM, un razonamiento que repito a continuación.
El costo de los aparatos serios de interceptación telefónica, según la ministra de Senad Zully Rolón, seria de alrededor de diez millones de dólares. Si esto es cierto, solamente el Estado puede darse el lujo de tenerlos y, de hecho, sabemos a ciencia cierta que Senad dispone de uno.
Luego, en principio, sólo el Estado puede producir los audios y videos.
Por razones de diseño institucional, el Ministerio Público es el depositario natural de los audios y videos producidos por cualquier oficina del Estado, pues ninguna puede producirlos o tenerlos para fines distintos al combate a actividades delictivas ya que de hacerlo estaría incurriendo en la comisión de crímenes cuyo combate tiene incluso rango constitucional.
Luego, en principio, sólo el Ministerio Público puede disponer de los audios y videos.
La coyuntura política ha llevado a Horacio Cartes a controlar el Ministerio Público, lo cual sabe cualquier persona mínimamente interiorizada de la vida de nuestra República, hecho confirmado por la cerrada defensa que de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, hacen el grupo Cartes y sus cómplices.
Luego, los audios y videos pueden ser seleccionados según la conveniencia de Horacio Cartes y dados a conocer de acuerdo a sus intereses.
Cualquier participante mínimamente avezado del mundo político se cuida las espaldas para mimetizar las pistas que conducen a él en jugadas riesgosas; luego, es posible que se den a conocer algunos audios y videos que disimulen su origen y propósito. Incriminaciones secundarias que permitan decir al emisor que no es el emisor considerando esas incriminaciones secundarias.
Pero las incriminaciones principales afectan a quienes molestan al emisor. Y los sacan del juego. Se trata de un uso selectivo, avieso y perverso del aparato del Estado que destruye cualquier sentido de Justicia. Uno más uno es dos.
En cualquier país decente, el Ministerio Público abriría un proceso penal para saber qué funcionarios públicos obedecieron órdenes ilegales de qué patrones y castigarlos.