Me dirijo a ellos: Estimados señores, leí en el curso de la semana que pasó, declaraciones de muchos de ustedes repitiendo letra por letra el discurso de Cartes sobre la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, defendiendo la permanencia de dicha empleada en el cargo que deshonra porque “su destitución afectaría el funcionamiento de las instituciones de la República” y porque “las estadísticas de combate a la corrupción y al crimen organizado avalan su continuidad en el cargo”.
El argumento de que la destitución de Quiñónez afectaría el funcionamiento de las instituciones no resiste el menor análisis, pues la institución del juicio político, establecida en el Artículo 225 de nuestra Constitución, es la principal para el control ciudadano sobre el poder, por lo que alegar que esa institución sí puede ser dejada de lado en beneficio de otras que no funcionan es simplemente buscar despojar al pueblo del instrumento que tiene para corregir rumbos.
Ciertamente, no objetaron la institución del juicio político cuando hubo que separar del cargo al presidente Fernando Lugo, ni en algunas otras ocasiones, algunas tan recientes como cuando se pretendió destituir al ministro Arnaldo Giuzzio, pretensión apoyada por algunos de ustedes.
Las estadísticas no avalan a Sandra Quiñónez. Durante su lamentable gestión, el Ministerio Público se usó para perseguir pequeñas causas con el propósito de encubrir su inacción ante Cartes y sus cómplices.
La fiscalía impide, por ejemplo, conocer a los autores morales de los hechos que culminaron con el asesinato de Rodrigo Quintana en el asalto, organizado desde el poder, a la sede del PLRA. Ese asalto, que no tiene precedentes ni en la dictadura de Alfredo Stroessner, está completamente impune, aunque fue un asalto contra la democracia.
La fiscalía impide, además, desentrañar el esquema de lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, aunque en ese esquema existen indicios alarmantes de connivencia del contrabando de cigarrillos con los narcotraficantes que destruyen la seguridad pública y que permite usar millones de dólares de dinero sucio en someter a las instituciones de la República.
Hay muchos más elementos que justifican la destitución de Sandra Quiñónez, pero esos dos son suficientes para evidenciar que cuando ustedes apoyan la continuidad de la fiscala general, lo que ustedes sostienen es, en realidad la conversión final de nuestro Paraguay en un infierno en el que los sicarios pueden matar en la calle o en los conciertos.
Esta carta no pretende conmover sus conciencias, pues creo que hace mucho tiempo que ustedes se ríen a carcajadas de la moral y de la ética. Esta carta pretende hacerles notar que ya no engañan a nadie, y que todo el país sabe no solamente la porquería que son, sino también por qué eligieron ser esa porquería.