Argentina y México participaron en la ceremonia inaugural de Ortega con un alto funcionario iraní buscado por Interpol como uno de los autores intelectuales del atentado de 1994 contra el centro comunitario judío AMIA de Argentina que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.
Mohsen Rezai, vicepresidente para asuntos económicos de Irán y ex comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, fue uno de los invitados de honor de Ortega en la ceremonia, junto con el dictador venezolano Nicolás Maduro, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel, el presidente saliente de Honduras y funcionarios de China y Rusia.
Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE) y la mayoría de las democracias occidentales no enviaron representantes a la ceremonia, como una forma de protestar por la farsa electoral del 7 de noviembre en Nicaragua. Estados Unidos y la UE también impusieron nuevas sanciones a la dictadura nicaragüense el mismo día de la nueva toma de posesión de Ortega para un cuarto mandato consecutivo.
Ortega arrestó a los siete principales candidatos de la oposición antes de las elecciones del año pasado, y luego se proclamó ganador. También es responsable del asesinato de por lo menos 317 manifestantes opositores durante las protestas callejeras de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A pesar del boicot de las democracias occidentales, Argentina y México enviaron a los encargados de sus respectivas embajadas en Nicaragua a la ceremonia del lunes, reconociendo de hecho el régimen ilegítimo de Ortega.
Horas después, luego de que la oposición argentina denunciara la presencia de Rezai en el evento, el gobierno del presidente argentino Alberto Fernández emitió un comunicado condenando la asistencia del funcionario iraní, señalando que Argentina tiene una orden de arresto pendiente contra Rezai por el ataque terrorista de 1994.
Pero la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, exige que el gobierno de Fernández “explique por qué el embajador argentino (en Nicaragua) no se retiró de la ceremonia.”
El congresista opositor Waldo Wolff me dijo que planea presentar una denuncia penal contra el canciller argentino por “incumplimiento de sus deberes de funcionario público” al no exigir el arresto inmediato de Rezai.
“La obligación del gobierno argentino era de denunciar y procurar la detención de Rezai,” me dijo Wolff. “Emitir una declaración de condena no es suficiente.”
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo horas antes de la toma de posesión de Ortega que, en ausencia de un embajador mexicano en Nicaragua, enviaría al encargado de negocios de la embajada mexicana a la ceremonia.
“Lo mínimo que podrían haber hecho era abandonar la sala en señal de protesta,” me dijo José Miguel Vivanco, director del departamento de las Américas de Human Rights Watch, refiriéndose a los diplomáticos argentinos y mexicanos.
Dina Siegel Vann, directora de la división de América Latina del Comité Judío Americano, AJC, me dijo que “es vergonzoso que no solo Argentina, sino también México, que dice ser un adalid de los derechos humanos, de hecho hayan respaldado con su presencia a un individuo buscado por Argentina e Interpol por actos de terrorismo.”
Una alta funcionaria del ministerio de relaciones exteriores de Israel, Tammy Rahamimoff-Honig, twiteo que es “indignante” que Rezai “viaje por el mundo con impunidad.”
Nadie debería sorprenderse por la presencia de las peores dictaduras del mundo en la asunción de Ortega, porque los tiranos se apoyan entre ellos. Pero los gobiernos democráticamente electos de Argentina y México merecen una condena especial por haber abandonado la defensa mundial de la democracia.
Ambos gobiernos no pueden ser tomados en serio cuando dicen que la presencia de Rezai en la ceremonia los tomó por sorpresa.
Si Fernández y López Obrador se codean con los peores violadores de derechos humanos, era obvio que tarde o temprano iban a quedar manchados. Se merecen una fuerte condena de todos los defensores de la democracia, los derechos humanos y la dignidad.