Como suele suceder, al hacerse público un caso de este tipo de delito, en los días siguientes llovieron denuncias de casos similares. La gente que, comprensiblemente, calló por miedo a represalias policiales, al ventilarse sin consecuencias para las víctimas un atropello similar al que sufrieron, finalmente se anima a denunciar el abuso de los vigilantes a los que nadie estaba vigilando.
Aunque el Gobierno actual vive una especie de crisis permanente, los últimos cambios no pueden considerarse en puridad una crisis de gabinete, porque, en realidad, prácticamente todos los implicados fueron simplemente reubicados en otros cargos ejecutivos. Los dos movimientos principales: Arnaldo Giuzzio fue llamado al Ministerio del Interior y Euclides Acevedo fue trasladado a la Cancillería.
La única figura a la que se recurre cuando el Gobierno se ve obligado, ya sea por un escándalo local o un apriete internacional, a aplicar algún operativo anticorrupción parece ser Giuzzio, por más que se trate de alguien que, para decirlo suavemente, es muy poco apreciado en el Partido Colorado, pero que en cierta medida ha logrado conservar ante el grueso de la ciudadanía una fama de persona razonablemente honesta y eficiente que logró forjarse desde su trabajo como fiscal.
Las primeras medidas del nuevo ministro van en la dirección de vigilar a los vigilantes, pero ¿resulta ello posible con la actual forma de organización de nuestra policía? ¿Tiene la vigilancia de los vigilantes policiales alguna posibilidad de arraigar, cuando los vigilantes fiscales y judiciales están cada vez menos y peor vigilados?
De hecho, detectar corruptos en la policía debería ser lo más sencillo del mundo.
Mi amigo Toni Carmona (que en paz descanse) proponía una fórmula infalible: divida el valor de sus viviendas y vehículos por el monto de sus sueldos y tendrá una idea muy aproximada de cuántas “fuentes de ingresos extras” necesitaron para adquirir esas propiedades, aunque por supuesto algunas no estarán a su nombre.
Hay que decir que esa fórmula de detección de sospechosos de corrupción, accesible a cualquiera que haya completado la primaria, podría aplicarse a muchos otros “servidores públicos” como jueces, fiscales, aduaneros, funcionarios de Seprelad etc., etc. Todas esas profesiones comparten dos características en común: son los encargados de vigilar y, a todas luces, ni vigilan lo suficiente, salvo para “participar en algún negocio”, ni están suficientemente vigilados.
Hace algunos días, por poner un ejemplo irónico, la Seprelad (presuntos vigilantes del lavado de dinero) anunció que pedirán explicaciones por las operaciones de cambio de mil dólares en adelante… Algo tiene que decirles a las organizaciones internacionales que monitorean la persecución del lavado de dinero, cuando no hay ni un solo “lavandero” en las cárceles paraguayas.
Sin embargo, parece algo risible que pretendan vigilar un monto tan bajo que puede haber cientos de miles de operaciones en el año, cuando fueron “incapaces de detectar” operaciones por miles de millones como las que llevaron a Cynthia Tarragó ante la justicia norteamericana o a Darío Messer ante la brasileña.
Así que, flamante señor ministro del Interior, ojalá tenga éxito y consiga vigilar a los vigilantes. Por algún lado hay que empezar y la policía es un eslabón de la cadena de esos vigilantes, que no vigilan y no están vigilados, un eslabón tan bueno como otro cualquiera para empezar un operativo de vigilancia para que alguna vez los delitos se castiguen acá y no sean los vigilantes de otros países los que acorralen a nuestros delincuentes.