Nueva ley de habilitaciones: los precios “deben ser revisados”, sostienen

El abogado Walberto Alonso, asesor jurídico de la Municipalidad de Lambaré, sostuvo que pese a que están obligados a cumplir la nueva ley que regula las habilitaciones vehiculares, tiene muchos puntos cuestionables. Indicó que atenta contra la autonomía municipal prevista en la Constitución y que “hay puntos que deben ser revisados” en cuanto a los precios fijados.

Contribuyentes forman filas en la Municipalidad de Lambaré para el pago de la habilitación de rodados (Foto de archivo).Gentileza
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Son muchos los municipios que cuestionan la Ley N° 7.447/25, que unifica los precios del impuesto de patente de rodados. Desde Lambaré, el asesor jurídico municipal Walberto Zárate hizo énfasis en que los precios no están bien establecidos y “hay puntos que deben ser revisados”.

Acotó que las leyes están para cumplirse y que considera correcta la unificación, pero esta normativa nueva tiene puntos cuestionables. Mencionó, por ejemplo, el cálculo realizado para fijar los precios.

“Mi objeción como asesor jurídico y profesional del derecho es la siguiente: yo tengo un auto del año 2000 y voy a pagar G. 225.000, y del año 1990 pago la misma suma, una gran diferenciación en cuanto al valor que no se tuvo en cuenta en la ley”, consideró.

Agregó que la Municipalidad de Lambaré va a tener que adecuar sus reglamentos tributarios para poder cumplir la nueva ley y lo harán luego del receso de la Junta Municipal.

Atentan contra la autonomía municipal

En otro momento, cuestionó el comunicado de la Agencia Nacional de Tránsito, mediante el cual se informa que deben cumplir la ley.

“Nosotros como municipio hemos recibido de la Agencia Nacional de Tránsito un comunicado en el cual nos informan que se debe dar cumplimiento; caso contrario, si no damos cumplimiento, se informará a la Contraloría. Es una especie de presión a lo que es la autonomía municipal”, indicó.

También coincidió en que la ley es inconstitucional y recalcó que el cálculo realizado no es el adecuado. “Hay una división de ricos y pobres”, consideró en contacto con ABC Cardinal esta mañana.

Además, señaló que la Constitución establece que cuestiones relacionadas con el tránsito y transporte son privativas de los municipios, de acuerdo a la Constitución Nacional.

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