A partir de las 8:30 del próximo jueves 26 de diciembre, la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Lici Sánchez, convocó para su audiencia preliminar a los militares Cnel. Bienvenido Santiago Fretes González, el Gral. (S.R.) Arturo Javier González Ocampo, el Gral. (S.R.), Jorge Antonio Orué Roa, tres de los acusados en el caso denominado “Dakovo”.
De la misma forma también fueron citados para la diligencia judicial los comerciantes Paulo César Fines Ventura y Victorino Gómez Paredes y Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano, este último ex funcionario de la firma International Auto Supply (IAS). En esta etapa, la magistrada resolverá si los mismos afrontarán o no juicio oral y público.
Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Francisco Cabrera, Luis Said y Jorge Arce, acusaron a los seis por hechos punibles como tráfico ilícito de armas de fuego y hechos punibles conexos, asociación criminal, alteración de datos relevantes para la prueba, denuncia falsa, tráfico de Influencias y cohecho pasivo.
El esquema delictivo descripto en las 140 páginas de la acusación, señala que los seis habrían tenido participación en el esquema consistente en la importación legal de armas, que posteriormente eran adquiridas por personas o empresas que simulaban ser propietarias, pero que en realidad, solo actuaban como presetanombres o intermediarios de los verdaderos destinatarios finales: organizacinones criminales brasileñas.
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Comando Vermelho y PCC, eran los destinatarios finales
De acuerdo con la acusación presentada por los agentes del Ministerio Público, una vez en posesión de las armas, éstas eran entregadas a personas que se encargaban de realizar el borrado del número de serie para evitar su trazabilidad en caso de que sean incautadas, en locales ubicados tanto en Ciudad del Este como en ciudades del Departamento Central.
“Posteriormente, se realizaba el traslado de las armas con serial borrado hasta zonas fronterizas para su entrega a los verdaderos adquirentes, miembros de organizaciones criminales como el Comando Vermelho o el Primer Comando da Capital (PCC). El principal objetivo era realizar transferencias de dinero a Estados Unidos a través de un ciudadano paraguayo que reside allí, por lo que las autoridades de dicho país resolvieron la apertura de una causa respecto a ello”, señala la acusación.
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El escrito también refería que la investigación permitió constatar que Paulo Fines Ventura habría colaborado con la venta de armas de fuego a compradores ficticios, ha participado en los procesos de permisos y autorizaciones ante la Dirección de Material Bélico (DIMABEL), ha participado en la entrega de pagos y regalos a sus autoridades.
La Fiscalía señaló al comerciante como una “parte estable e importante de la estructura criminal, teniendo pleno conocimiento de sus propósitos ilícitos, participando en cada uno de los mandatos realizados por su jefe Diego Dirisio, actuando con conocimiento y anhelo, por lo tanto forma parte de manera dolosa de la asociación criminal”.
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Operativo Dakovo anuló el modus operandi
En otra parte de la acusación, afirma que Fines estaba en se ha corroborado que Paulo Fines Ventura solicitó a funcionario de la DIMABEL (todavía no identificado plenamente) que acceda al sistema informático de la institución para modificar estado de un arma de fuego en los registros, específicamente un revólver – calibre 32, con número de serie 07428 D, para de esta forma generar pruebas contra una persona, de nombre Derlis Julián Benítez Sanabria.
Con relación a Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano, la Fiscalía sostiene que el mismo “ha realizado gestiones en carácter de vendedor de la empresa IAS a personas que no son los destinatarios finales de estas armas, participando a su vez en el registro ante la DIMABEL de las mismas, ha remitido paquetes que contienen armas via encomienda y ha retirado giros de dinero enviados a su nombre por el pago de armas vendidas irregularmente a través de casa de cambios”.
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Según el Ministerio Público, Samaniego tenía conocimiento de la irregularidad de las operaciones por lo tanto su conducta es dolosa.
Por su parte, Victorino Gómez Paredes, según la acusación, “en varias ocasiones prestó su colaboración para la adquisición de armas de la empresa IAS, para supuestos compradores, realizando las gestiones pertinentes para el borrado de los seriales, esto se produjo mediante pagos, aparte del costo de las armas, destinados a una casa comercial que se encargaría de la “limpieza”, refiriéndose con este término a actos relativos a la supresión o borrado de los números de series de las armas para evitar el posterior rastreo o indagación del origen de estas”.
La Fiscalía destaca que la actividad comercial declarada por Gómez se encontraba en la categoría de “Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabacos en puestos de venta y mercados” y no dentro de la categoría “Comercio al por menor de otros artículos deportivos n.c.p.”, que es la requerida para comerciar armas de fuego y sus componentes.
“Por todo esto se puede mencionar que todas estas estas conductas las realizó en conocimiento de que las comercializaciones eran irregulares y no cumplían con las normativas que regulan la actividad, por lo tanto su conducta es dolosa”, concluye la acusación.
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Participación de los militares, según la Fiscalía
Respecto a la participación del Gral. Arturo Javier González Ocampo, Comandante de la Fuerza Aérea en el momento en que se realizó el operativo, el Ministerio Público sostiene que el mismo, en su condición de integrantes del Consejo de Comandantes “tenía incidencia en la designación de los directores de la DIMABEL y RENAR, así como otros funcionarios inferiores, por lo que se comprometía a interceder en la designación de funcionarios afines a los objetivos de la estructura comandada por Diego Dirisio a cambio de dinero, esto lo hacía con conocimiento absoluto y anhelando puesto que le generaba beneficios, actuando de esta manera dolosamente”.
“Asimismo, prestaba servicios a la estructura criminal puesto que además de facilitar las designaciones brindaba información confidencial de las esferas castrenses a la señora Eliane Marengo para que esta transmita a Diego Dirisio y así este utilice dicha información”, afirman los fiscales en su requerimiento.Con respecto al Gral. Jorge Antonio Orué Roa, los fiscales sostienen que “utilizó su influencia como director de la DIMABEL para intervenir en procesos administrativos que la empresa IAS se encontraba gestionando, desde requisitos para importación de armas, gestiones que presuntos compradores debían realizar ante la DIMABEL y pedidos de informes que la misma DIMABEL requería a la empresa IAS., todo esto a cambio de regalos y de pagos y promesas de pagos de beneficios”.
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La acusación sostiene que el militar tenía contacto directo con Dirisio y que las intervenciones mencionadas para la concesión de permisos y autorizaciones para IAS, en ocasiones se dieron con otros funcionarios y otras en forma directa.
Con relación al Cnel. Bienvenido Santiago Fretes González, la acusación señala que “en más de una ocasión recibió pedidos de Diego Dirisio para que agilice trámites de inscripción, registros y autorizaciones, a cambio de estos recibía regalos en canastas y armas de fuego de valor considerable”.