El abogado Enrique Wagener, presentó ayer una acción judicial en la que se solicita una medida cautelar para frenar la subasta de 6 hectáreas de tierras municipales de la Costanera Norte, encarada por el imputado intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista). El requerimiento será estudiado por la segunda sala del Tribunal de Cuentas, integrada por María Celeste Jara Talavera, Edward Vittone Rojas y César Emilio Diesel Marín.
María Celeste Jara Talavera es prima de Horacio Cartes, y tuvo tres sanciones disciplinarias de la Corte Suprema de Justicia por maltrato a funcionarios, según publicaciones de ABC. Incluso fue suspendida por un mes.
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Edward Vittone Rojas, exasesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, es además esposo de Myrian Paredes, directora de la Contraloría Interna de la Municipalidad de Asunción.
César Emilio Diesel Marín es hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, de la mano de quien ingresó al Tribunal, apadrinado también por el designado por Estados Unidos como “significativamente corrupto”, Jorge Bogarín Alfonso.
Segunda Sala, el refugio de Nenecho, según su padre
El 3 de julio, se dio a conocer el demoledor dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que confirmaba el desvío de G. 500.000 millones en bonos que eran para obras, por parte de la administración del ahora imputado intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista). Un mensaje enviado por error por su padre, el magistrado Óscar Rodríguez Kennedy a un grupo de WhatsApp, esa misma mañana, levantaba sospechas sobre la parcialidad de la segunda sala del Tribunal de Cuentas, donde permanecen los tres miembros.
“Infinitas gracias. Ese dictamen no es vinculante. Ya hace 10 días acudimos al Tribunal de Cuentas Segunda Sala. Hoy planteamos el incidente de prejudicialidad”, había escrito Rodríguez Kennedy en ese grupo de WhatsApp. Horas más tarde, desde el Poder Judicial confirmaban que esa instancia había admitido un juicio con el que había trabado la entrega de informes por parte de la municipalidad a la Contraloría, con el argumento de que la rendición de cuentas de varios años, de la comuna, estaba en esa jurisdicción.
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En aquel entonces, el camarista Edward Vittone Rojas había confirmado que se apartó del análisis de la rendición de cuentas, ante un posible conflicto de intereses. “No tengo intervención en esos juicios”, dijo entonces a ABC Cardinal.
Por su parte, María Celeste Jara Talavera, en tono prepotente había dicho que Rodríguez Kennedy, padre de Nenecho, es su colega, pero no tiene intervención alguna en el proceso.
Medida cautelar contra la subasta de Costanera
Enrique Wagener, abogado y desarrollador inmobiliario, solicitó este lunes ante el Tribunal de Cuentas una medida cautelar para frenar el proceso de subasta de 6 hectáreas de tierras municipales en la Costanera Norte, que el imputado intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez, tiene previsto para el próximo miércoles 18 de diciembre. El accionante señaló que todo el proceso está cargado de irregularidades que podrían acarrear su nulidad, lo que generaría un perjuicio económico para la Municipalidad de Asunción.
El profesional aseguró que, de llevarse adelante el remate y luego anularse, el comprador “podría recurrir (ante la Justicia) y exigir el pago total, más el 50%” del precio, en concepto de indemnización.
Wagener advirtió además que existen irregularidades en el porcentaje de comisión que establece el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) para los rematadores. Mientras el Código de Organización Judicial establece el 2% sobre la base de venta, Nenecho y los concejales le asignarán el 6%. Los rematadores designados de forma directa, en contravención al propio Pliego, son Mario C. Person Báez, Elisa Raquel Troche Báez, Osvaldo Luces Rolón y Walter E. Ayala.
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El remate de las fracciones A1 y A3 de la Costanera se realizará en un tiempo récord de 60 días, sin que aún se hayan aprobado la definición del uso de suelo ni la precisión sobre el destino de los fondos obtenidos. Todo esto en medio de una crisis financiera de la Municipalidad. Solo a la Caja de Jubilados, Nenecho le debe más de G. 13.000 millones.
Nenecho está investigado por desvío de dinero y también está imputado por asociación criminal
El intendente está investigado además por el desvío de G. 500.000 millones de bonos para obras que no se ejecutaron, fondo que se destinó a “gastos corrientes”, según su gabinete. La Contraloría General, luego de confirmar el desvío, en el dictamen de julio, derivó el caso a la Fiscalía, que debió allanar la municipalidad para tener documentos.
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Nenecho también está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa conocida como de los “detergentes de oro”, que se refiere a compras realizadas en pandemia, en las cuales el acta de imputación habla de un perjuicio de G. 1.800 millones.