En 1997, la planta estatal de producción de acero, Acepar, fue privatizado a favor del consorcio Cosipar, constituido por la firma Cerro Lorito, más la Cooperativa de Trabajadores Cootrapar; pero por incumplimientos de las condiciones acordadas en 2009, el Gobierno canceló la privatización y solicitó el arbitraje correspondiente para que la acería vuelva al Estado.
Hoy, esta demanda remota su curso después de mucho tiempo y todo apunta a que las acciones de la planta de producción de acero volvería al Estado paraguayo.
“Ese arbitraje se pidió hace muchísimo tiempo. Este es el famoso arbitraje contra los que administraron Acepar. Los que se hicieron cargo de Acepar y se comprometieron a cumplir ciertos requisitos que no cumplieron. Por eso, el Estado ha demandado, en arbitraje, alegando todos los incumplimientos y pidiendo que las acciones de Acepar vuelvan al Estado Paraguayo”, explicó Marco Aurelio González, Procurador General.
A renglón seguido profundizó: “Los que compraron Acepar tenían la obligación de realizar inversiones, ciertos cuidados, el deber de mantener unas pólizas, unos informes por la alta relevancia social que posee, y ante el incumplimiento de estas obligaciones, el Estado pide que se anule esa cesión y piden que las acciones vuelvan al Estado paraguayo”.
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Pagaron el 100% para que continúe el arbitraje
Esta medida (arbitraje) se lleva adelante para que el Estado paraguayo recupere la propiedad. “Acepar está bajo administración judicial de forma provisoria hasta que se defina el arbitraje, que no ha podido continuar por varias circunstancias. Ahora se ha logrado constituir nuevamente el Tribunal y estamos pendientes de la designación de la secretaria para continuar con el arbitraje”, comentó Marco Aurelio González.
En otro momento, indicó que el Estado paraguayo tiene que pagar el 50% del costo de administración y la otra parte debe pagar el 50% restante. “Como ellos no pagaron, nos toca a nosotros pagar y es eso lo que hemos realizado, para que el arbitraje pueda continuar”.
Consultado sobre las expectativas de salir airosos en el arbitraje, apuntó: “Nuestra expectativa de ganar el arbitraje es alta, porque creemos que existen todas las pruebas y que son contundentes, de que no se han cumplido con el compromiso que se asumió frente al Estado. Por ende, debe retornarse las acciones al Estado y determinarse la indemnización. Pero para esto, debe hacerse una evaluación del daño”.
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“Pedimos que se determine la responsabilidad de las personas que causaron esto y que luego se cuantifique el daño, para que el Estado pueda exigir el resarcimiento”, concluyó el Procurador.