El presidente Santiago Peña promulgó la semana pasada la denominada ley anti-ONG, la cual es cuestionada desde diversos sectores que la califican como una herramienta de persecución estatal.
El director ejecutivo de Fundación Paraguaya, Martín Burt, afirmó que se trata de una “ley inconstitucional”, mediante la cual se está buscando conocer la correspondencia privada de aquellas ONG que están en contra del Gobierno.
Apuntó que la normativa está inspirada en la lucha contra los agentes extranjeros, pero se incluyó a aquellas organizaciones que no reciben dinero desde el exterior.
Lea más: Esta es la verdadera motivación de la ley anti-ONG, según líderes indígenas
Reglamentación de la ley
Con relación a la reglamentación de la ley, afirmó que “se está queriendo reglamentar algo complicado, porque tiene temas inconstitucionales”.
En ese sentido, resaltó que “esperamos que la reglamentación no sea peor que la ley. Consideramos que la ley tendrá un impacto negativo sobre el avance de la democracia paraguaya”.
Añadió que, pese a los 40 años de trayectoria, no fueron invitados para la elaboración de la reglamentación de la ley.
Lea más: Ley anti-ONG: buscan proceso participativo para la reglamentación, dicen desde el Gobierno
Desde el gobierno cartista, movimiento que había impulsado la ley, informaron que convocaron a 13 organizaciones para elaborar la reglamentación, de las cuales solo 11 se hicieron presentes.